México, D.F. 16 de marzo 211.- En el marco de la comparecencia del Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Xavier Abreu Sierra, ante integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXI Legislatura federal encabezados por su presidente Manuel García Corpus, este anunció el inicio de una auditoría e integración de una Comisión Especial para dar seguimiento a presuntos casos de corrupción en la CDI en los estados de Campeche, Oaxaca, Puebla y Veracruz, porque, acotó, “no podemos aceptar desvíos y pediremos una auditoría exclusiva para los recursos encaminados a la atención de la desigualdad social indígena”.
El titular de la CDI, recibió una serie de cuestionamientos de parte de los legisladores, quienes reiteradamente señalaron probables irregularidades en cuanto al uso, destino y aplicación de recursos públicos federales sobre todo, en los rubros carreteros, infraestructura social y, lo más preocupante en el rubro de salud.
Felipe Cervera Hernández, representante legislativo de Yucatán, exhibió un documento en el que presuntamente se inscriben irregularidades en programas de mejoramiento de carreteras en Puebla las cuales ya fueron liquidadas pero las obras no fueron concluidas y están en pésimas condiciones.
Abreu Sierra a su vez, tras reconocer que esta dependencia no cuenta con los elementos necesarios y menos aún recursos suficientes para fiscalizar a todos los servidores públicos, esta instancia ha sancionado a 4 funcionarios por incurrir en posibles desvíos de recursos en tanto que otros 40 más están en proceso de investigación.
“Uno de ellos, aseveró sin dar mayor información por encontrarse esta situación en proceso de investigación, malversó una millonaria cantidad destinada para la adquisición de 150 mil vacunas para la pasada contingencia sanitaria por el Virus AH1N1”.
En tanto, Rolando Zapata Botello, también de Yucatán, mostró el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública emitida por la SHCP a la Cámara de Diputados en la que se asienta que “de los 36 programas de combate a la pobreza del Gobierno Federal, el de Pueblos Indígenas, dependiente de la CDI es el sexto más ineficiente”.
Con documentos, sostuvo que en 2009 el PIBAI tenía un presupuesto de 9 mil 300 millones de pesos y no se ejercieron 963 millones, y en 2010, se incrementó el presupuesto y de igual forma, no se aplicaron 846 millones y no se sabe a donde fueron a parar, por lo que se presume de un subejercicio de 2 mil millones de pesos.
Respecto a los resultados de la auditoría efectuada a la CDI en el 2009 donde se dictaminan desvíos y faltantes por más de 64 millones de pesos, señaló que más de 30 millones no ejercidos fueron enviados a uno de tantos fideicomisos del gobierno federal conocidos como "hoyos negros". "Todos sabemos que existen pero no conocemos ni su tamaño o a donde van y si se permitió el subejercicio de unos dos mil millones de pesos acumulados del 2008 al 2010, es cómplice", atajó.
García Corpus, legislador por Oaxaca refirió que no se puede aceptar que los recursos aprobados con mucho empuje para los indígenas tengan un destino diferente al previsto y en razón de ello, calificó que “es muy grave que existan subejercicios porque ese dinero se necesita para mejorar el desarrollo de nuestros pueblos.
No podemos aceptar desvíos y pediremos una auditoría exclusiva para los recursos ejercidos por el CDI del 2008 al 2010 a fin de saber el destino de ese dinero, porque –citó- sería muy lamentable que éstos se destinen a futuros gastos en campañas políticas.
Su homóloga federal, Florentina Rosario Morales, de Guerrero, reforzó que existen irregularidades en el Programa de Infraestructura Básica para Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), para la construcción de sanitarios ecológicos en Chunyaxnic, Hopelchén, Campeche, por lo que demandó al titular de la CDI, entregue nombre de las empresas favorecidas en dicha entidad ya que presumiblemente éstas tienen parentesco o amistad con el funcionario federal.
La legisladora oaxaqueña María de Jesús Mendoza Sánchez dio a conocer el despido de la CDI de Carlos Gutiérrez Ocampo por presuntos actos de corrupción en la adquisición de vacunas para el Virus AH1N1. Por su parte, el legislador de San Luis Potosí, Domingo Rodríguez Martell calificó de “política pública de indigenización de la pobreza”. Alba Leonila Méndez Herrera, legisladora de Veracruz añadió que en el año 2010 en esa entidad se autorizaron 148 millones de pesos pero no se ejecutaron 42, en tanto que en el 2009 se autorizaron 94 millones y no se aplicaron 27.
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