La corrupción como indeseable modelo de comportamiento sistemático, casi instituido y visto como una conducta “normal” –particularmente entre quienes acceden a algún puesto de elección o son designados para participar dentro de alguna estructura administrativa gubernamental–, es un asunto en extremo delicado porque la comisión de un conjunto de acciones de esta naturaleza se convierte en una especie de patología social que puede poner en entredicho y desestabilizar gravemente la salud ético-jurídica del sistema democrático, porque socava los principios de legalidad, solidaridad y la confianza en las instituciones públicas.
No se quiere decir con esto que la iniciativa privada esté exenta de esta suerte de formas de actuación ni que otros sectores sociales presenten alguna de las múltiples formas de la corrupción que tendría en la delincuencia organizada la forma más acabada.
Como se dijo anteriormente, una de las consecuencias más dañinas es que su práctica daña profundamente la confianza ciudadana en las instituciones públicas y, sin dudas, ésta es una de las causas principales que motivan el comportamiento político ciudadano.
Pero, dejando de lado este aspecto, el combate a la corrupción debe ser un ejercicio que forme parte habitual de la acción de gobierno y, al mismo tiempo, se convierta en herramienta útil para cuando menos dar los primeros pasos para eliminar la impunidad con la que suelen tratarse a ex autoridades de todos los calibres, aun sabiendo que cometieron toda clase de tropelías.
Por ello es que el anuncio hecho a media semana por el gobierno estatal, en el sentido de que se detuvo a 35 ex funcionarios municipales acusados por el presunto delito de daño patrimonial por más de 156 millones de pesos, debe verse sólo como el principio de una acción que es de esperarse alcance a otros ex ediles que, en algunos casos, de manera individual superan esa cantidad por probables delitos de peculado y distracción de recursos públicos.
Como se recordará, casi al inicio de la actual administración estatal, algunos legisladores locales estimaban en más de mil millones de pesos el posible daño patrimonial que en conjunto habrían cometido las gestiones municipales salientes y en esa ocasión fueron mencionados, entre otros, los ex presidentes de Córdoba, Boca del Río y Río Blanco, como algunos de los más depredadores sobre el patrimonio público.
Por lo pronto, aún se esperan más aprehensiones de ex ediles por las denuncias presentadas por irregularidades en la cuenta pública 2009, de acuerdo con Américo Zúñiga Martínez, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia en el Congreso local, quien ejemplificó con los casos de Antonio Pouchoulen de Las Choapas, y Juan Ramón Ganem de Tuxpan, como algunos de los otros 23 ex alcaldes que incumplieron con la presentación de la cuenta pública correspondiente.
Habrá que esperar a ver si, en efecto, la política anticorrupción tiene la mano tan larga para alcanzar a otros especímenes mayores de una fauna que dañó profundamente el patrimonio de los veracruzanos.
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