Oaxaca, Oax., a 8 de septiembre de 2011
La ausencia de reglas en torno a la asignación de publicidad oficial por parte de los gobiernos es ajena al interés común y existe la posibilidad de que se utilicen recursos públicos para fines privados, argumentó el coordinador del área de derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, quien urgió a “regular, a la luz de las mejores prácticas, las relaciones económicas entre los medios y el gobierno”.
En el Foro sobre Publicidad Oficial organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el pasado 6 de septiembre del 2011, Villanueva expuso en conferencia magistral que “si bien es verdad que se destinan recursos públicos a los medios, también lo es que debe definirse cómo y para qué” porque también se debe cuestionar “cómo es posible informar de manera veraz sobre asuntos de gobierno si no hay criterios de asignación publicitaria”.
En el caso de Oaxaca, Villanueva dijo que éste es el momento oportuno para que el gobierno de Gabino Cué convoque a crear una ley que contenga reglas claras, transparentes y equitativas, que garanticen la independencia de los medios.
El investigador recordó que “en Oaxaca, como en todo el país, la relación entre el Estado y los medios de comunicación vive encuentros y desencuentros, con razón o sin ella” a la vez que, así como “en muchos casos existe un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, en otros, la intolerancia gubernamental se traduce en un ejercicio patrimonial del poder que por inercias de nuestra subcultura limita el contagio de prácticas democráticas”.
Villanueva defendió que “el papel de la prensa no es servir de medio aséptico entre lo que hace el gobierno y la comunidad, sino de brindar contexto en modo, tiempo y forma”, ya que “uno de los grandes aportes de la libertad de expresión es poder decir lo que muchos no quieren escuchar”.
En este sentido fue determinante al exponer que para socializar el conocimiento de la cosa pública debe haber los matices necesarios porque hacerlo en blanco y negro poco o nada ayuda. Por el contrario. “La crítica, como esencia del derecho a saber, implica señalar el error y reconocer el acierto”, destacó.
Para el también experto en temas de transparencia, “la libertad de expresión tiene muchos enemigos” como son “la autocensura, la ignorancia, los intereses creados al margen del bien común y la censura directa o indirecta”, motivo por el que advierte la necesidad de generar las reglas que permitan una convivencia sana entre gobierno y medios para beneficio de una sociedad más democrática.
Y en el caso de Oaxaca, para lograrlo advirtió la necesidad de contar con una Ley especial sobre la materia, justificada constitucionalmente como una normativa reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 137 de la Constitución local.
En ella se deben contemplar lo que son los fines de servicio público y medios de interés público, de tal forma que la ley “debe tener como objetivo realizar una labor de servicio público” y la “publicidad oficial debe coadyuvar a edificar y reproducir valores democráticos en la sociedad”.
“Desde otra perspectiva complementaria —reiteró Villanueva—, la publicidad oficial debe convertirse en una herramienta activa del derecho de acceso a la información pública, en su vertiente de informar a la sociedad o a conjuntos específicos de ella que de otra forma no podrían estar en condiciones de saber con veracidad, oportunidad y pertinencia informaciones que en última instancia les habilita para ejercer la noción de ciudadanía en una democracia deliberativa, no sólo representativa”.
Por lo anterior, sentenció: “la publicidad oficial que promociona la imagen institucional, los mensajes publicitarios que carecen de utilidad pública al tratarse, por ejemplo, de empresas paraestatales que no compiten en el mercado, contenidos que no respondan a una campaña o que no tengan mensaje alguno, no satisfacen el interés público y obedecen a criterios atendibles, en muchos de los casos, desde la perspectiva de la ventaja política institucional, pero no encuentran asideros en la austeridad presupuestal y en la lógica racional de la comunicación que deben comportar los poderes públicos en las democracias. Por esa razón, las campañas publicitarias oficiales deben responder a necesidades concretas y reales de comunicación”.
Asimismo, el investigador argumentó que la publicidad oficial “no debe ser un mecanismo de subsidio para el mantenimiento de los medios de comunicación. Debe, en cambio, (…) permitir el ejercicio de la libertad de expresión en todas las implicaciones que se desprenden de su carácter dual: el derecho de cada persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”.
Un carácter esencial es la equidad en asignaciones de publicidad y evitar la discriminación en la asignación de publicidad oficial por razones de orientación ideológica, editorial, política o de cualquier otra que esté relacionada con la línea de cobertura periodística.
Así como también la transparencia de los procesos de asignación, la cual también contribuye a afirmar la legitimidad de la administración como generador de servicios públicos y a fortalecer la confianza del público en las autoridades públicas.
Es importante destacar el principio de veracidad que prohíbe la publicidad engañosa, es decir, la publicidad oficial debe ser clara y completa. No debe conducir a conclusiones erróneas, ni por ambigüedad, ni por inexactitud de datos, ni por omisión. Así como la prohibición de lo subliminal.
Para Ernesto Villanueva, creador de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca, los precios de publicidad deben tener como punto de partida una razonable correspondencia con el tiraje, la audiencia y/o los raitings. De no ser así, podría haber mecanismos ilegales de subsidio encubierto al destinar recursos públicos a medios que no satisfacen este requisito esencial.
Finalmente, destacó como importante los “mecanismos de garantía mínima de pluralismo, diversidad y fomento a la lectura” con el fin de evitar se desnaturalice el derecho a saber, por lo que expresa, “es necesario que existan partidas presupuestales mínimas por sectores o nichos de audiencia que no necesariamente son reflejados en los grandes medios”.
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