29 de febrero de 2012

Originario de Còrdoba, Veracruz, cae presunto miembro de Los Zetas en la capital

Alejandro Cruz
Periódico La Jornada

Elementos de la policía de investigación capturaron en la ciudad de México a Jesús Argenis Hernández Leal, presunto integrante del grupo delictivo Los Zetas y uno de los 16 reos que se fugaron en septiembre pasado del penal de Coatzacoalcos, Veracruz.
 
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Jesús Rodríguez Almeida, señaló que en sus declaraciones ante el Ministerio Público, Hernández Leal dijo ser sicario y haber participado en un enfrentamiento a balazos contra elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Córdoba, un mes después de evadirse de la cárcel.
 
En noviembre pasado, Hernández Leal llegó a la ciudad de México dedicándose al narcomenudeo en la colonia Guerrero, donde fue detenido la tarde del martes. Según sus dichos, explicó Rodríguez Almeida, luego de su fuga participó en una veintena de secuestros y ocho ejecuciones en Córdoba.

El presunto sicario, que será entregado a las autoridades de Veracruz, fue arrestado por primera vez en 2008 y condenado a siete años de prisión por robo de vehículo, y según sus declaraciones, fue en el penal de Coatzacoalcos que se integró al grupo de Los Zetas y que le pagaban 15 mil pesos mensuales por sus servicios.

Alcalde de Ato Lucero,Ver. Recibio 350 Mil Pesos de Empresa GoldGrup."Caballo Blanco".

Bote para el alcalde de Alto Lucero!
Por Ana Lilia Velázquez

El Frente Amplio Social (FAS), pidió al Gobierno del Estado mantener su posición en contra de la instalación de la mina Caballo Blanco, en los municipios de Alto Lucero y Actopan al tiempo de exigir cárcel para el alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo quien recibió cerca de 350 mil pesos de la empresa canadiense Goldgroup.

El dirigente del FAS, Uriel Flores Aguayo dijo que si bien es importante la posición del gobernador Javier Duarte de Ochoa, de rechazar el proyecto minero, "más importante es que se mantenga en esa línea y no se quede en una declaración, lo importante es que se active y se ponga en una posición determinante frente al Gobierno Federal y no le permitan, que siga autorizando el funcionamiento de esa mina, porque está trabajando, ya están realizando labores de preparación del suelo, que sea firme en los hechos".
 
Mientras que del presidente de Alto Lucero Lucio Blanco, Flores Aguayo dijo que éste debe estar en la cárcel "porque a confesión de partes relevo de pruebas. Dice que le agarró 380 mil pesos para gastos menores, sin conocer el proyecto de la mina".
 
Se trata del clásico indígena en el marco de la conquista española, "que les daban oro nuestros indígenas y recibían espejitos para que la empresa canadiense pueda operar un negocio de millones de dólares, cuando podría cobrar 380 millones de pesos por el uso de suelo y de impuesto predial nada más. Le dieron migajas al pobre y el colmo es que haya salido a decirlo, pero es panista qué se puede esperar de un panista, son más decentes las señoras del árbol que los del PAN".

Información: Notiver.

“Tira” Anonymous sitio de Interpol en protesta por el arresto de 25 miembros

La RedacciónMÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de ciberactivistas Anonymous embistió de nueva cuenta contra el sitio web de la Interpol, en represalia por el arresto de 25 de sus miembros en España, Chile, Argentina y Colombia.




Las detenciones se dieron en el marco de la operación “Exposure” de la Interpol, que investiga lazos internacionales de la red de hackers de Anonymous.

A través de algunas de sus cuentas, los hacktivistas hicieron referencia al ataque. Por ejemplo, el usuario @IberoAnon escribió:
 
“http://www.interpol.int/ TANGO DOWN! ESO SE MERECENN!! POR QUE ANONYMOUS SOMOS MAS!”

“Tango down” es una expresión que las fuerzas de Estados Unidos utilizan cuando han eliminado a un enemigo.
 
En la misma cuenta, el colectivo advirtió: “Los inútiles esfuerzos de la policía y los gobiernos por ‘desarticular’ a Anonymous sólo nos hacen más fuertes. Expect us.”
 
La Policía española detuvo a cuatro presuntos activistas del colectivo de hackers en Madrid y Málaga. Otros 10 fueron arrestados en Argentina, seis en Chile y cinco más en Colombia.
 
A los detenidos en España se les considera presuntos responsables de ataques de denegación de servicio (DDoS) y defacement (modificación de una web si autorización del propietario).

Sus ataques estaban dirigidos a páginas web de partidos políticos, instituciones y empresas, así como a la publicación en la red de datos de escoltas de la Presidencia y miembros de la Policía Nacional.
 
En ocasiones los ataques eran dirigidos de manera individual, pero apoyados por varias personas que unían sus esfuerzos y conocimientos para llevarlos a cabo.
 
Luego de analizar miles de blogs, la Intepol logró identificar a las personas que se encontraban detrás de estas actividades ilícitas.
 
La Dirección General de la Policía informó que dos de los arrestados ingresaron a prisión por orden judicial, uno quedó en libertad bajo fianza y el cuarto es un menor de edad, por lo quedó bajo custodia de sus padres.
 
Los investigadores identificaron y detuvieron en Málaga a quien identificaron como F.J.B.D., conocido como “Thunder” o “Pacotron”, presuntamente encargado de administrar y gestionar la infraestructura informática utilizada por Anonymous en España e Iberoamérica, principalmente.
 
Los servidores que administraba estaban alojados en la República Checa y Bulgaria y servían a los ciberactivistas para comunicarse de forma segura y coordinar nuevos ataques.
 
Los agentes lograron también la identificación J.M.L.G., “Troy”, presunto autor material de los ataques más destacados y filtraciones reivindicadas por Anonymous en España. Fue arrestado en Madrid.
 
Aunado a los arrestos, la policía española, en coordinación con la Interpol, realizó cuatro registros en los que se intervinieron 25 ordenadores, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento que ya son analizados por los especialistas.
 
Por su parte, la Policía chilena confirmó hoy la detención de seis presuntos miembros de Anonymous, uno de ellos de nacionalidad colombiana y dos menores de 17 años. Fueron ubicados en las localidades de Rabcagua, La Calera, Colina, y en los sectores de Maipú, SanMiguel y Ñuñona, en Santiago, la capital.
 
En Ñuñona fue donde la policía arrestó al colombiano de 23 años, quien reside legalmente en Chile desde hace tres años.
 
Los arrestos fueron realizados por detectives de la Brigada contra el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI). Los involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Centro Norte de Santiago.
 
En conferencia de prensa, Jaime Parra, subprefecto de la PDI, dijo que los hackers quedaron en libertad en calidad de “apercibidos”, por lo que deberán prestar declaración y podrían ser imputados formalmente.
 
Los principales ataques de los hacktivistas chilenos fueron dirigidos a Endesa Chile, Hidroaysén, el Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional y varios sitios del gobierno colombiano, según la policía chilena.
 
Los hackers, agregó, no se conocían físicamente entre ellos, y aunque su identidad se mantiene reservada, se indicó que uno es estudiante de informática, egresado de análisis de sistema, y otro iba a ingresar este año a la misma carrera.
 
Los seis detenidos son investigados por su presunta participación en mayo de 2011 en el ataque “Tormenta del Sur”, contra los sitios de la generadora Endesa y del consorcio HidroAysén, que desarrollan un proyecto para levantar varias represas en la Patagonia, mismo que es rechazado por la comunidad.
 
También están involucrados en el ataque los sitios del Ministerio de Educación y la Biblioteca Nacional, en el marco de la operación “Mal Educados” de junio pasado, en apoyo a las movilizaciones de estudiantes chilenos.
 
En Chile, este tipo de delitos alcanza una pena que va de 541 días a cinco años de prisión.
 
La policía del país sudamericano también investiga ataques a sitios web del gobierno de Colombia, entre ellos el Ministerio de Defensa, en los que podría estar involucrado el activista de esa nacionalidad, detenido hoy en Chile.

Lo torturan, lo acusan de asesino, lo encarcelan 12 años y… resulta inocente

Isaín Mandujano
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Torturado hace 12 años por policías judiciales de Chiapas para confesar un crimen que, dice, nunca cometió, Ananías Laparra Martínez fue liberado por las autoridades locales bajo la figura de “sentencia suspendida”.
 
El 14 de octubre de 1999, Laparra Martínez, su esposa Rosa Godínez, y sus hijos José Ananías y Rocío Laparra Godínez, de 14 y 16 años de edad, respectivamente, fueron detenidos y torturados. El padre de familia fue sentenciado a 28 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, supuestamente perpetrado contra Elvis Díaz Martínez en el municipio de Coacahotán.

En 2007, ocho años después de ocurrido el suceso, amigos, familiares y abogados del acusado crearon el Comité Laparra y exhibieron los abusos cometidos por el gobierno de Chiapas.
 
El caso se llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, en Washington, Estados Unidos.
 
Tras varios años de esfuerzo y gestoría, hoy se realizó una reunión en la que participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación y autoridades del gobierno del estado de Chiapas. Estuvieron presentes miembros de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, del Consejo Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Salud, así como el abogado Ricardo Lagunes Gasca.
 
Desde Seattle, Alejandra Gonza y Thomas Antkowiak, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, presenciaron el evento protocolario vía Skype.
 
Ananías Laparra Martínez, de 64 años de edad, recordó que luego de ser torturado, sin saber leer ni escribir y con la complicidad del Ministerio Público, fue forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, confesando un crimen que no cometió.

Pese a las reiteradas denuncias de tortura que hizo Laparra desde el primer momento en que estuvo frente a un juez, fue sentenciado a más de 28 años de prisión.
 
La confesión obtenida bajo tortura fue la prueba principal de su condena, aceptada por los jueces mexicanos con base en el principio de inmediatez procesal.
 
Laparra Martínez era un blanco fácil para la policía y el Ministerio Público. De escasos recursos económicos y sin instrucción académica, su detención no sería objetada y dotaría a las autoridades de una condena sin mayores esfuerzos de investigación.
 
En una misiva, el director de la Clínica de Derechos Humanos, Thomas Antkowiak, señaló que este caso “representa una dura realidad en México: el uso sistemático de la tortura y coerción como método de investigación por parte de la policía y el Ministerio Público, y la aceptación de prueba coaccionada por parte del Poder Judicial”.
 
Esa práctica sistemática ha sido reconocida y reprochada por numerosos organismos internacionales, que han solicitado al Estado mexicano realice cambios estructurales en su sistema de justicia.

De acuerdo con Antkowiak, un momento decisivo en la historia del caso Laparra fue la presentación, por parte de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Varios estudiantes de derecho participaron en el análisis del expediente, así como en la preparación y el seguimiento del caso ante la CIDH.
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano que instrumentara medidas adecuadas para dotar de tratamiento médico y proteger la delicada situación de salud de Laparra.
 
“La decisión de la CIDH se transformó en una herramienta trascendental para generar un espacio de negociación con oficiales del gobierno local y federal sobre el caso de Ananías Laparra”, dijo Alejandra Gonza, abogada representante en el caso.
 
Después de un intenso periodo de negociaciones y reuniones, y con la adopción –el pasado viernes 24– de medidas cautelares por parte del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, la Mesa de Reconciliación determinó liberar a Laparra este martes, bajo la figura de sentencia suspendida.
 
Para llegar a este punto fue fundamental el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la representación legal del abogado mexicano de la familia Laparra Martínez, Ricardo Lagunes Gasca, con quienes la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle pudo consolidar la libertad.
 
Lagunes, Gonza y Antkowiak dijeron que la Clínica y todo el equipo de abogados y organizaciones que los apoyaron continuarán trabajando en representación de la familia Laparra Martínez, para que el Estado de mexicano le otorgue una reparación integral por las graves violaciones a sus derechos humanos.
 
Los esfuerzos, añadieron, incluirán el litigio pendiente ante la CIDH, además de las iniciativas entabladas ante autoridades estatales y federales.
 
Laparra Martínez dejó el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número de 3 de Tapachula, Chiapas (CERSS 3), pero la travesía apenas empieza para él, pues ahora iniciará la búsqueda de su hijo José Ananías, quien “huyó” de la entidad luego de haber sido torturado por policías judiciales, y hasta ahora nada saben de él.
 
Lo último que Ananías Laparra Martínez supo de su hijo, ahora con 26 años de edad, es que estaba en el Distrito Federal y que se había hecho adicto a las drogas.

Si hay corrupción en el ejército, acepta General...

El General Roberto de la Vega Díaz aceptó la posibilidad de que exista corrupción entre personal del Ejército y que además es problema generalizado entre las corporaciones.

De acuerdo con El Universal, De la Vega exhortó a los soldados, agregó, es a que no se involucren en actividades ilícitas.
 
En el marco de una ceremonia en las instalaciones de la Región Militar en Torreón, Coahuila, de la Vega aceptó que hay corrupción en las filas del ejército.
 
Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador ha señalado que se debe retirar al ejército de la guerra contra el narco precisamente para evitar que se corrompa.
 
Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, o obstante, se han declarado a favor de mantener al ejército en la misma guerra contra el narco de Felipe Calderón.

Posted by Victor Hernandez

28 de febrero de 2012

ABOUT JUSTICIA PARA GABRIELA ARLENE BENITEZ YBARRA


Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe exige justicia en el caso de la estudiante veracruzana de 17 años Gabriela Arlene Benitez Ybarra. 

Exigimos que se esclarezca este caso, y se castigue con todo el peso de la ley a las personas responsables. 

Fue un feminicidio y las autoridades también tuvieron una parte de responsabilidad en este acto deliberado de violencia e impunidad, la familia de Gabriela Arlene exige justicia contra este terrible crimen que arrebató la vida de su hija. 

Gabriela Arlene sólo es una de las miles de chicas que desaparecen todos los días, sin que a las autoridades les interese actuar, y posteriormente aplicar todo el rigor de la ley, estos crímenes flagelan a nuestra sociedad. 

Simplemente no podemos permitir que este acto deleznable quedé en la impunidad y el olvido, que las autoridades sigan haciendo caso omiso de nuestras exigencias, de no resolver, ya basta. 

¡No más feminicidios! 

¡Alto a la Impunidad y a la indiferencia! 

¡Ni una mujer o niña más víctima de las redes de trata! 

¡Ni una mujer o niña más víctima del crimen organizado!

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ANTECEDENTES
Uno de los casos más emblemáticos sobre desaparecidos en Veracruz registró la noche del viernes su capítulo más dramático, al hallarse el cuerpo de Gabriela Arlene Benítez Ybarra, una joven bachiller de 17 años desaparecida el 13 de junio pasado.
La Procuraduría de Veracruz, dijo Ybarra, perdió mucho tiempo al considerar que Gabriela se había escapado de la casa.

"Pierden mucho al principio, iban a investigar si no andaba mi hija con un grupo (delictivo). Te desprestigian, pierden mucho tiempo en desprestigiar a la victima", contó Ybarra entrevistada el pasado 18 de septiembre en Xalapa en el marco de la Caravana por la Paz al Sur.
"La autoridad perdió tiempo valioso en desestimar el caso, diciendo que escapó (...) que había violencia intrafamiliar", dijo Ybarra, quien detalló que empezó a buscar a su hija por su cuenta luego de que las autoridades no avanzaban con las investigaciones.
Los primeros 15 días, dijo, empezó a enviar correos electrónicos, luego empezó a convocar conferencias de prensa para difundir el caso y el 14 de agosto viajó al centro del país para participar en la marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y buscar un encuentro con Sicilia.
"De alguna manera ésto se hizo público muy fuerte, fue como el caso, no sé si pones en riesgo la vida de ella, pero no te puedes quedar callado, no puedo yo callar esto" De acuerdo con Bárbara, el caso de su hija no es el único en el estado. Asegura que hay varios jóvenes desaparecidos de 16, 18 años en promedio.
MIENTRAS SE PREOCUPAN POR SEGUIR EN EL PODER, NO LES IMPORTA LO QUE LES PASA A LAS Y LOS VERACRUZANOS... ¿HASTA CUANDO SEÑOR JAVIER DUARTE DE OCHOA...? ¿HASTA CUANDO SE HARA JUSTICIA A LAS VICTIMAS?

Ernestina Ascencio Rosario: una historia que no termina


VICTIMA DE LA IMPUNIDAD Y DEL MALDITO PODER...
ACUERDOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS PISOTEAN LA DIGNIDAD DE LOS POBRES Y... A ESTOS IMBÉCILES "NI SUS MADRES LES CREEN"

Nuevamente, doña Ernestina Ascencio Rosario se coloca en el centro y con ella la historia de impunidad y complicidades de los hombres en el poder. Cuando parecía que el caso quedaría en la historia, la inhabilitación del médico forense, Juan Pablo Mendizábal, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, por haber “contaminado” las pruebas que confirmaron la violación por parte de soldados contra doña Ernestina, revive la historia con más fuerza.

Y lo hace porque nuevamente deja al descubierto las cadenas de complicidades dentro y fuera del aparato de justicia al servicio del poder.

Hace tres años la lucha por la verdad de lo sucedido con doña Ernestina se debatía entre el pueblo de Soledad Atzompa, el Gobierno Federal  y la CNDH.  Por un lado una población que creía en la voz de doña Ernestina, quien antes de morir aseguró que “los soldados se me echaron encima”.

Para estas fechas el certificado de la necropsia realizada por el médico Juan Pablo Mendizábal y en la cual se certifica desgarro en el ano y vagina, así como la presencia de semen, es invalidada desde los Pinos y  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El gobierno de Fidel Herrera y la procuraduría de Veracruz se retractan de la versión de agresión sexual contra doña Ernestina, lo que días antes habían defendido dando la razón a los hallazgos del médico forense, por arte de magia, se niega, como judas tres veces.

La violencia cometida contra doña Ernestina amplia su círculo hasta llegar a intimidar al propio pueblo de Soledad Atzompa, y al personal médico involucrado en el caso.

Esta violencia institucional cometida contra Doña Ernestina para ocultar la verdad llevó a la suspensión del forense Juan Pablo Mendizábal, de la médica Catalina Rodríguez quien atendió a Doña Ernestina aún con vida; al médico forense Ignacio Gutiérrez, quien intervino en la exhumación y en la segunda necrocirugía; y contra la química Ana María Roldán, quien localizó las enzimas P30 y fosfatasa ácida que se produce en la próstata.

Tres años después del proceso iniciado en contra del Forense Juan Pablo Mendizabal, la procuraduría veracruzana decidió  inhabilitarlo por haber “contaminado las muestras de líquido hemático que se tomaron del cadáver de doña Ernestina, versión realizada en 2006 por el entonces presidente de la CNDH, José Luis Soberanes.

La resistencia del Pablo Mendizabal para “corregir su versión”  y corroborar lo dicho por Calderón y defendido por Soberanes, lo llevó a una persecución. Sostenerse en que “la señora murió por razones traumáticas y no por patología” provocó la inhabilitación de su cargo después de 23 años de servicio.

Pero esta historia no termina aquí, pues a decir de Mendizabal el llegará hasta las últimas consecuencias para demostrar que su trabajo solo mostró la verdad, una verdad que no les gusta a los hombres del poder y que han hecho todo para ocultarla.

Sedena no abrirá investigación sobre muerte de Ernestina Ascencio: Croiz


EL EJÉRCITO ASUMIÓ UNA POSTURA QUE DESPUÉS DESMINTIÓ. PRIMERO ADMITIÓ QUE PUDO HABERSE TRATADO DE UN ATENTADO PERPETRADO POR SUS ELEMENTOS Y QUE ESTABAN INVESTIGANDO, SIN EMBARGO EN EL SEGUNDO BOLETÍN DESMIENTE AL ANTERIOR Y DICEN QUE HAY ELEMENTOS CONTRARIOS AL EJÉRCITO QUE PODRÍAN SER LOS CAUSANTES DEL CRIMEN. ELLOS SE PLEGARON A LOS DICTADOS DE FELIPE CALDERÓN: ERNESTINA MURIÓ NATURALMENTE ¦ FOTO PERSEO BERNAL.

FERNANDO INÉS CARMONA
Soledad Atzompa, Ver.- La muerte de Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua originaria de la congregación de Tletalzinga en este municipio, sirvió para que el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán presionara a Felipe Calderón y canjeara la liberación de dinero federal, “que se utilizó en las elecciones de 2007”, por la convalidación de “la muerte natural”, de lo que los indígenas aún llaman “asesinato de la hermana Rosario”. Ahora y pese a la oferta de reabrirlo, la Sedena reafirma, “el caso está cerrado y no se reabrirá”.
Hasta febrero de 2007 la indígena Ernestina Ascencio era inexistente, mediáticamente, nadie sabía de su existencia en la congregación de Tetlalzinga en esta sierra. Una presunta violación masiva, a manos de la milicia con su consecuente fallecimiento, la hizo salir del anonimato y a la vez permitió que incluso familiares y líderes sociales, presuntamente lucraran con el fallecimiento.
El primer beneficiado del asesinato, considera Julio Atenco Vidal, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (Croisz) y en ese entonces director de Obras Públicas del ayuntamiento de esta localidad indígena, “fue Fidel Herrera Beltrán”, a quien el entrevistado califica como un político pragmático que obtuvo dinero federal para las elecciones de 2007 negociando los hechos. Fidel Herrera es un profesional electoral”.
No obstante, reconoce que tras los hechos el ex gobernador sí fue sincero “o al menos eso es lo que creíamos en un principio, me sorprendió porque se mostraba sincero en cuanto a respaldar la lucha por que se hiciera justicia”, narra.
Pero primero Fidel me pidió que le garantizara que en esta parte de la sierra no había guerrilleros, quería la certeza que no estábamos protegiendo a la guerrilla a cambio de que el gobierno del estado encabezaría, con firmeza, defender hasta donde fuera necesario el caso. Él se comprometió a mantenerse firme en que se hiciera justicia.
“Esa actitud la reconocí incluso ante medios de comunicación nacionales. Con Carmen Aristegui, con Javier Solórzano, incluso él en una de las entrevistas al aire me preguntó si en verdad creía en la sinceridad de Fidel Herrera, le respondí que sí porque hasta ese momento había sido congruente y mientras lo sea merece una estrellita, cuando se actúa correctamente hay que reconocer sea quien sea”, dice.
Desafortunadamente, lamenta, Fidel Herrera es un político muy pragmático y cuando él dialogó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos da la impresión fue la emisaria de Felipe Calderón, cambió su actitud”.
Otra de las muestras de presunta sinceridad que tuvo Fidel Herrera, fue el 15 de abril de 2007 al convocar a una reunión en uno de los salones de palacio de gobierno, a una comisión plural de diputados locales y federales para detallarles el caso. Ahí los médicos forenses se explayaron con sus informes y nos aseguraron que en el caso de Ernestina Ascencio estaban frente a un crimen.
“No sabemos por qué, nunca quiso asumir la equidad de género”
Ahí se aportaron las pruebas, se dio un informe pormenorizado, pero la única que mostró desconfianza fue la entonces diputada federal y ahora alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales, “no sabemos por qué nunca quiso asumir la equidad de género, de defender a otra mujer, ni siquiera por sensibilidad. Ella aceptaba la tesis que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: muerte natural”.
A partir de ahí Fidel Herrera cambió la postura. “Tres meses después se reúne con el que era presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes y afirma que entre el dictamen de la CNDH y la postura del gobierno del estado no había diferencia sustantiva”.
“¡Cómo chingados no la había! Claro que sí, porque aquí se sostiene que era un crimen y la CNDH dice que era muerte natural. Ese era el aviso que Fidel Herrera y Felipe Calderón ya habían pactado.
“De hecho, el 19 de abril la hipótesis de la CNDH es la postura oficial del gobierno del estado y cuando Fidel Herrera la hace suya a través de los medios de comunicación, se le liberan los recursos económicos, todos aquellos que no habían llegado y los que estaban retenidos”.
Ese dinero, presume, se ocupó en la elección de 2007. Fidel Herrera compró votos, personal de tiempo completo para operar las elecciones porque él es muy profesional en términos electorales. Él tuvo muchos recursos, nos traicionó para tener recursos económicos y electorales. En esas elecciones el PRI recuperó la mayoría del Congreso local y de las alcaldías del estado.
Sedena y sus cambios de comunicados
Horas después de los hechos, recuerda, el Ejército asumió una postura que después desmintió. Primero admitió que pudo haberse tratado de un atentado perpetrado por sus elementos y que estaban investigando, sin embargo en el segundo boletín desmiente al anterior y dicen que hay elementos contrarios al Ejército que podrían ser los causantes del crimen. Ellos se plegaron a los dictados de Felipe Calderón: Ernestina murió naturalmente.
Primer comunicado que el cuartel Miguel Hidalgo emite
La misma tarde de los hechos admite la acusación y promete que se estaba investigando. Minutos después de haberlo entregado a los reporteros locales, los soldados reciben la orden de pedirle a los reporteros el anterior comunicado para canjearlo por otro en donde se acusa a grupos delictivos, “que usando ropa de color verde” pudieron haber sido los culpables de los hechos.
Caso cerrado: Sedena
A cinco años de los hechos, este fin de semana se cumplieron, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirmó: el caso no se reabre.
Esta postura contradice a la oferta que en septiembre de 2011 se nos hizo en la ciudad de Boca del Río de analizar la posibilidad de reabrir el caso. En noviembre de ese mismo año nos notificaron que el caso no se reabriría. El aparato jurisdiccional ya había dictaminado al respecto. La respuesta da por hecho que el caso está cerrado, eso contradice a la supuesta voluntad del Ejército de dialogar con la sociedad civil. No se trata de un crimen de un animal o de un daño al medio ambiente, se trata de un ser humano y de la acción del Estado mexicano frente a este crimen.
En el Estado mexicano, considera, “pareciera que hay una razón de Estado para que este crimen quede en la impunidad. La justicia es un mito, está controlado por la corrupción e impunidad. El caso de Ernestina Ascencio es emblemático del Ejército frente a la mujer indígena, de la injusticia que impera en el país, es un caso que la Croisz no va a abandonar.
Médico forense temió ser agredido
Pero este caso implicó a otras personas. El médico forense Juan Pablo Mendizábal Pérez tuvo que resguardar información, no sé dónde, en caso de sufrir un atentado.
Él sigue en la misma tesis, hasta ahora él tiene elementos que están en custodia por si le pasaba algo. Tiene información que acumuló donde demuestra la existencia de violación y crimen, lo tuvo que poner en custodia.
Familiares beneficiados; pueblo, inconforme
“Si tú le preguntas a la gente sobre el sentir, ellos te dicen que no creen en lo que dijo Felipe Calderón, que se trata de una injusticia. El caso Ernestina está latente, hay organizaciones sociales como la Croisz que la defienden.
En contraste, los hijos sí se beneficiaron. Les mejoraron su casita, les dieron dinero, al parecer vía Renee Huerta, entonces dirigente de la Croiz, alrededor de 100 mil pesos a cada quien.
Sin embargo, no todos los familiares asumieron la compra de conciencia, “las hijas no están de acuerdo, pero por costumbre no hablan de lo que ellas sienten”.
Hay otros familiares, como los sobrinos nietos, cuñados que no están de acuerdo, ellos se mantienen firmes en la demanda de justicia y en ello se sustenta nuestra lucha”.
Los hijos directos “no cambiaron su forma de vida, a los hermanos mayores Julio y Francisco, les financiaron un taller de carpintería, pero lo que sí les cambiaron fue su forma de ser, ahora son soberbios, déspotas, toman mucho y ofenden”.
“Hace un año supimos que uno de ellos estaba molesto porque desde el gobierno del estado ya no les querían dar más dinero y estaba dispuesto a hablar, me imagino de cómo los centavearon pero ya no sabemos nada de ello”, señala.
Hoy Ernestina Ascencio, sepultada en el panteón de Tletalzinga está abandonada. Ni una flor aparece en ella, pese a que se cumplieron cinco años de su muerte.

Parquímetros en Orizaba, al margen de la ley; crecen protestas de usuarios


EL DICTADORCILLO PUEDE HABER INCURRIDO EN ABUSO DE AUTORIDAD...

FERNANDO INÉS CARMONA
Orizaba, Ver.- El alcalde Hugo Chahín y sus ediles pudieron haber incurrido en el delito de abuso de autoridad. El programa de parquímetros, aplicado por acuerdo de cabildo, no tiene la autorización para multar, inmovilizar o detener vehículos que sobrepasen las tres horas de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad, si se atreven a hacerlo sobrepasarían su función, “Tránsito del Estado es la única autorizada para aplicar infracciones viales”.
Pero el abogado Juan Oropeza, secretario del Foro de Abogados y Postulantes Metropolitanos, va más allá y revela que si el ayuntamiento, a través de los operadores de los parquímetros “se atreve a poner las arañas en las llantas de los vehículos, el conductor puede demandar al ayuntamiento y de paso promover un juicio de amparo que seguramente ganará”.
Las condiciones en las que opera el programa de parquímetros deja en claro que el ayuntamiento omitió la ley.
El ayuntamiento no tiene facultad para cobrar por el estacionamiento de vehículos en las calles, “no existe una reforma al Código Hacendario, a los ediles se les olvidó ese detalle. Debe existir una reforma, que incluso debe ser aprobada por el Congreso del Estado”.
Pero en el supuesto caso que esa reforma existiera, aún no podrían sancionar a los vehículos, “tendría que sostenerse un convenio con la Dirección General de Tránsito del estado para entonces pedirles el apoyo y se proceda a la sanción. Queda claro que el ayuntamiento y su departamento jurídico no se condujeron por los caminos legales. Lo hicieron al vapor”.
Estas condiciones permiten que cualquier automovilista pueda estacionar su vehículo en los cajones habilitados, pasar el tiempo de tolerancia, tres horas y ni el ayuntamiento o Tránsito del Estado puede sancionar, multar, inmovilizar y arrastrar con grúa el vehículo. Eso sería un abuso de autoridad. No hay argumento legal.
Por otro lado, Organizaciones No Gubernamentales criticaron el programa que desde hace una semana puso en marcha el ayuntamiento. El fin de semana fijaron su postura y advierten que el ayuntamiento “viola las garantías individuales como el libre tránsito”. Señalan que los operadores de los parquímetros lo único que pueden hacer es eso: operar los aparatos y no más.
No obstante, la operación de los parquímetros no es el único tema en discusión. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) promotora del programa ahora se dice inconforme, no por la operatividad sino por la distribución de los recursos económicos que se obtengan de ellos.
El ayuntamiento, a través de su Departamento de Comunicación Social, anunció que el dinero recaudado se destinará de la siguiente forma: 80 por ciento para el DIF municipal y 20 por ciento para el mantenimiento del centro histórico, incluido los 16 parquímetros instalados.
“Creemos que debe haber una reconsideración”, reclama el presidente de la delegación de Canaco, Enrique Guillomen Maldonado, “debe haber mayor dinero para mantener en buenas condiciones el centro histórico y no que el DIF se lleve la mayor parte”, exige.
En tanto el haber abierto los cajones de estacionamiento y reducir nuevamente a un carril el tráfico vehicular provocó que los congestionamientos viales regresaran al centro de la ciudad. Hasta hace apenas dos semanas el desplazamiento vehicular en cuatro calles en línea recta era no mayor a los cinco minutos, hoy el mismo tramo se recorre hasta en 15 minutos, sobre todo en horas pico.

‘Son parquímetros inconstitucionales’


Violenta el derecho de libre tránsito, aseveran integrantes de diversos organismos

Viernes, 24 Febrero 2012
GUILLERMO MORALES
EL MUNDO DE ORIZABA

Los parquímetros en Orizaba además de no estar contemplados su cobro en el Código Hacendario Municipal, terminan siendo un impuesto local anticonstitucional que violenta el derecho de libre tránsito, pues el pago en la máquina hace las veces de un salvoconducto con el que pueden los automovilistas estacionarlo en el centro de la ciudad durante un determinado tiempo.

Según el coordinador del Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales Organizados (FUTURO) Jorge González Rojas, las autoridades caen en contradicciones al declararse incompetentes para reabrir Madero al ser un tema propio de Tránsito, pero sí son competentes para cobrar por pararse un rato en la vía pública.

En ese sentido Jairo Guarneros, integrante de la Coordinadora de la Sociedad Civil, aseguró que las autoridades tienen un criterio mercantilista al querer cobrar por todo, mientras que González Rojas los calificó de persecutorios al tratar de reventar la economía del centro de la ciudad con tanto impuesto.

Llamó a los conductores a no utilizar los parquímetros, pero sí seguir yendo al centro histórico de compras, pues de ahí depende la economía de cientos de familias.

“Hay mucha razón en quien se opone a ese tipo de aparatos, porque no es un servicio municipal es un impuesto que violenta el derecho de libre tránsito, son impuestos municipales persecurtorios”, expresó.

Explicó que son impuestos y no servicios, al no ofrecer ningún servicio a quien paga una cantidad en el parquímetro y en ese sentido siempre han sostenido que el Ayuntamiento con su Código Hacendario Municipal, “los impuestos que contempla son de carácter persecutorio, es decir, que persiguen al consumidor y es una forma de reventar la economía en el primer cuadro de la ciudad.
Reiteró que los parquímetros tienen el objetivo de desalentar el acceso con vehículo al centro de la ciudad. ¿Porqué alguien va a pagar 10 o 15 pesos? y no obtiene un beneficio a cambio como cuando se va a las plazas comerciales que son lugares privados y donde los automóviles tienen mayor seguridad.

Aseveró que con estos cobros se violenta la Constitución que establece la libertad de tránsito, “el parquímetro la función anticonstitucional que hace es la del salvoconducto, cuando la Constitución dice que ningún mexicano tiene la necesidad de tener un salvoconducto por permanecer o transitar en la vía pública”.

Indicó que desde Juan Manuel Diez y hoy el presidente municipal Hugo Chahín Maluly dejan ver en sus acciones de gobierno no obedecen a un programa que atienda las necesidades de los orizabeños, “ellos provienen de un grupo empresarial que está coludido con los intereses transnacionales y que ese tipo de intereses atentan contra la economía local y regional”.

Aseguró que los presidentes municipales han actuado por ocurrencias, como lo es la instalación de una maya perimetral en el mercado Zapata y los parquímetros.

Recordó que haciendo uso del derecho de petición, solicitaron al ayuntamiento su plan anual de obras y acciones, el plan de gobierno contemplado en el plan municipal de desarrollo y nunca se los han otorgado, “dicen que no existe y a través del sindico Castelán Crivelli se nos contestó que ese tipo de documentos no existían; luego entonces el gobierno no actúa bajo un programa de gobierno estructural, van trazando estrategias según los grupos de poder económico a los que obedecen”.
González Rojas reveló que también solicitaron al Ayuntamiento la justificación del Código Hacendario, pues alguien un síndico, un regidor o el propio presidente en tiempo de Juan Manuel Diez debio haber presentado las reformas al Código Hacendario que están aplicando y la practica legislativa dice que esa solicitud de reformas al Código Hacendario debieron de haber ido acompañadas de una exposición de motivos.

El entrevistado, dijo que saben que los acuerdos de Cabildo reales son acuerdos en lo oscurito entre ediles que actúan como empleados y no como representantes populares. Los ediles en la pasada administración y ahora también parece que ya los plancharon, actúan como empleados del alcalde y no como representantes populares.

Y prueba de ello, argumentó que los parquímetros fueron autorizados en un cabildo, sin mayor tramite y discusión, análisis y reflexión, “simplemente fue un acuerdo que de manera pública se le dio forma, pero el fondo nadie lo sabe”.

BRUCE BERESFORD, PRESUNTO INOCENTE, ATRAPADO EN SU PROPIA FICCIÓN





Bruce Beresford Redman preso en la cárcel de Cancún por el presunto homicidio cometido contra su esposa; el crimen se asemeja al guión que dirigió, hace más de una década, su homónimo, el cineasta austrialano Bruce Beresford
Por Isela Serrano / Luces del Siglo (*) 
Se autoriza reproducción con crédito a la revista y autora


Cancún, Qna. Roo., a 27 de febrero de 2012


Como si la ficción se le escapara de la pantalla grande, Bruce Ainsley Beresford Redman protagoniza el papel de villano que jugó la atractiva actriz Ashley Judd en la película “Doble Traición” (Double Jeopardy), donde la mujer es acusada del homicidio de su marido a bordo de un yate. El film, que se estrenó en 1999 bajo la dirección de su homónimo el cineasta australiano Bruce Beresford, ahora se ha apoderado de la realidad de Bruce Ainsley, recientemente encarcelado por el presunto asesinato de su esposa, la brasileña Mónica Burgos, cometido hace casi dos años en un viaje de reconciliación marital a Cancún.

Los hechos por los cuales Bruce Ainsley fue extraditado de Estados Unidos y hoy permanece recluido en el penal de Cancún, se suscitaron el 5 de abril de 2010 en la habitación 7816 del Edificio Pelícano del hotel Moon Palace, donde de acuerdo a peritajes oficiales se perpetró el crimen. De origen, la investigación fue sesgada al grado de que Beresford Redman evadió la cárcel y tuvo las facilidades para huir libremente del país a pesar de que había una investigación en su contra. 

Misteriosamente comenzaron a desaparecer parte de las “pruebas sensibles” del caso y los peritos asignados recibieron la orden de “bajarle” a las investigaciones. Eran tiempos en que en la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo mandaba el polémico Francisco Alor Quesada. 

La leyenda urbana apunta a que Alor Quesada había recibido cinco millones de dólares para dejar libre al productor de televisión. A cambio le facilitaron una avioneta para abandonar, a hurtadillas, el país. Pero la “verdad histórica” de los hechos, la que valora el Juzgado Segundo Penal, por el momento considera que hay elementos suficientes para acreditar que Bruce Ainsley asesinó a su esposa asfixiándola con algún objeto blando como “pudiera ser su propia ropa”. 

Un total de 19 pruebas indiciarias fueron las que tomó en cuenta la juez Geny Alicia Cajún Alonzo para llegar a la anterior conclusión y ordenar el auto de formal prisión contra Beresford Redman. Para reconstruir el caso, ante la desaparición de algunas pruebas, el actual procurador Gaspar Armando García Torres movilizó un equipo que rastreó los peritajes que en su momento realizaron tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como peritos militares.

Así fue como la juez Cajún Alonzo tuvo en sus manos, entre otras pruebas, testimonios de trabajadores del hotel y familiares de la víctima que narran episodios violentos entre la pareja antes de que el propio Bruce Ainsley alertara sobre la desaparición de su esposa. También existen diversas fotografías y peritajes de los rastros de sangre que indican que la mujer fue asfixiada en la tina de jacuzzi de la habitación para después abandonar su cuerpo en la cisterna de aguas residuales del hotel.

Además, como otra evidencia, se supo que el ahora preso entró y salió de la habitación 11 veces entre la madrugada del 5 y 6 de abril de 2010, según se desprende de los reportes del número de veces que abrió y cerró la puerta, lo cual se pudo determinar a partir de los registros de la banda magnética de las cuatro tarjetas que tenía Bruce Ainsley para entrar a la habitación.

Todo apunta a que el crimen se cometió al interior de la habitación la noche del 5 de abril, previamente en un restaurante del hotel, Bruce Beresford intentó golpear a su mujer.

La escena del crimen 

El expediente 216/2010 señala que el levantamiento de cadáver se llevó a cabo el 8 de abril de 2010. En la habitación 7816 del edificio 78, conocido como Pelícanos, elementos de policía judicial hallaron sobre la cómoda los pasaportes de la pareja, sus documentos migratorios y una cinta industrial color gris.

El dictamen pericial de la necropsia, a cargo del doctor Roberto Ríos Ponce, perito médico forense de la Dirección de Servicios Periciales de la subprocuraduría Zona Norte concluyó que “Mónica Burgos falleció por asfixia por sofocación (…) probablemente el día 5 de abril, alrededor de las 23 horas”.

El dictamen de Mecánica de Lesiones realizado por la doctora Ariadna Méndez García, perito médico oficial de la delegación estatal de Quintana Roo y el dictamen de la necropsia realizado por el doctor Roberto Ríos Ponce, de la Procuraduría General de Justicia estatal, determinaron que las lesiones a la víctima, “fueron producidas por puño en la cara, mientras que las de glúteo se debieron a proyección; es decir, al tener contacto con una superficie dura como una bañera-
jacuzzi”.

La herida en la cabeza fue provocada por un golpe “compatible con un objeto de bordes irregulares, duro y de consistencia sólida, por ejemplo, un tubo metálico, un bat o un palo”.

En la habitación se encontró una playera de color naranja, “recién lavada, siendo notoria una mancha de color oscuro en la parte frontal izquierda; al interior del jacuzzi había una playera color gris con manchas de líquido rojo en la parte frontal”.


José Jesús Cepeda Valderas, Mayor de Justicia Militar Criminalista en retiro, determinó que “la mujer perdió la vida por sofocación provocada por un instrumento blando como pudiera ser su propia vestimenta”.

Los testigos presenciales

El 8 de abril Enrique Arena López, supervisor de mantenimiento del hotel, rindió su declaración. Fue él quien halló el cadáver flotando en la cisterna. Jean Ferreira Burgos, hermana de la occisa, refirió que Mónica Burgos y Bruce Beresford “habían tenido algunos problemas en su matrimonio, toda vez que su hermana había descubierto que su esposo mantenía una relación con Joy Pierce”. 

Dijo que el 30 de marzo, su hermana le contó los planes para vacacionar en México. Mencionó que su esposo había conseguido la habitación “con jacuzzi”. Ya tenían los boletos y saldría al día siguiente; es decir, el 31 de marzo. El 6 de abril recibió una llamada telefónica de su cuñado, quien le informó que su hermana se encontraba desaparecida. Jeane Burgos inquirió a Beresford si había llamado ya a su celular y él contestó que su hermana lo había olvidado en la habitación. 

Ella viajó a Cancún el 7 de abril. Al llegar al hotel, algunos policías le comentaron “que tenían información de que su cuñado había salido del cuarto durante la madrugada 11 veces y que había comentado que una de las cuatro tarjetas que les habían dado en el hotel la traía su hermana consigo; pero al verificar, notaron que él había utilizado las cuatro tarjetas, incluso después de la desaparición de su hermana.

El expediente también contiene la declaración de la concierge, Bertha Angélica Arroyo Ramírez, quien declaró que a las 08:30 horas del 5 de abril, una pareja de extranjeros ingleses de apellido Cook le reportaron que sus hijos detectaron que los huéspedes de la habitación 7816, ubicada arriba de la habitación de sus hijos hacían mucho ruido y “los terribles ruidos” los habían despertado.

El incidente fue reportado al supervisor de seguridad, Luis de los Santos en una hoja de papel escrita en inglés; vía telefónica un empleado de apellido Arroyo Ramírez se comunicó a la habitación en la que contestó Bruce Beresford. Al conocer la queja de los huéspedes y al ser interrogado si todo estaba bien, respondió textualmente “Sí, es verdad, lo que sucede es que estaba discutiendo con mi esposa, por el comportamiento de nuestros hijos, pero no volverá a ocurrir”.

El documento de 55 fojas deja ver que el inculpado Beresford Redman cayó en contradicciones; ya que, basado en sus primeras declaraciones de que su mujer había salido del hotel, lo lógico sería que descartaran la posibilidad de encontrarla dentro del hotel. Sin embargo, lo elementos de seguridad se dedicaron a buscarla adentro porque sabían que ella no había salido.

También rindió su declaración el camaristo Carlos Mario Vázquez Olan quien refirió que alrededor de las 15:00 horas reportó a la oficina de ama de llaves que la habitación 7816 tenía la tarjeta en la puerta de madera de “no molestar”. Al día siguiente, el empleado realizó la limpieza. Le pareció que las camas estaban separadas, los juguetes y libros estaban ordenados, cuando días antes “siempre encontraba desorden en la habitación”.

Erick Uriel González Reyes, responsable de operación y mantenimiento de áreas y servicios de la fase Moon Grand del hotel, declaró que el 4 de abril se percató que el hombre que acompañaba a una huésped intentó agredirla físicamente en un restaurante pero se detuvo.

Al ser interrogado por el agente de la policía judicial, Juan Gabriel Chuc May, el presunto homicida refirió primero que había tenido una fuerte discusión con su esposa por el comportamiento de sus hijos y posteriormente declinó contestar si no se encontraba presente su abogado y el cónsul de su país.

De acuerdo con el Dictamen de Criminalística fueron hallados 19 indicios; entre ellos, secuencias de maculaciones rojizas en las columnas de la habitación, barandal, afuera del acceso peatonal de la habitación.

Las pruebas concluyeron que “al momento de realizar la diligencia, se observó que el lugar no fue protegido ni preservado como lo indica la Criminalística; sin embargo, luego de la posible pérdida o alteración de material sensible significativo, los indicios recabados fueron debidamente fijados, levantados y embalados; concatenándose el dictamen de Química Forense realizado por el Q.F.B. Jorge Barragán Vargas, perito químico adscrito a la coordinación estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República”.

Rodolfo Mogo Almeida, asistente de seguridad declaró que el hotel tiene un estricto control de vigilancia y seguridad y es prácticamente imposible que no exista registro de una salida o un ingreso.

El regreso de Bruce Beresford

La trama de este thriller incluye que el 8 de febrero de 2012, proveniente de una prisión federal en Los Ángeles California, Estados Unidos, el presunto homicida arribó al aeropuerto de Cancún. Esa madrugada, la temperatura había descendido y llovía. Por la noche, el ex productor de “Survivor” durmió en la cárcel de Cancún. 

El día 13 de febrero de 2012, asistido por un traductor, Bruce Beresford Redman declaró ante la autoridad judicial que no estaba de acuerdo con lo que declaró el 6 y 7 de abril de 2010, la primera fecha, corresponde al día que compareció ante el Ministerio Público para informar la desaparición de su esposa Mónica Burgos; la segunda, al rendir declaración en calidad de presentado.

Si bien reconoció sus firmas, rechazó ser la persona que mató a Mónica Burgos, a quien dijo amar.
Declaró haber sido presionado para confesar que él la había matado; sin embargo, no pudo precisar qué tipo de autoridades lo presionaron. 

El dictamen

El miércoles 15 de febrero de 2012, la juez Geny Alicia Cajún Alonzo resolvió dictar el auto de formal prisión contra Bruce Ainsley Beresford Redman, como probable responsable del delito de homicidio calificado a su esposa, Mónica Burgos Beresford Redman. 

Con el cúmulo de indicios que lo señalan como el homicida, ahora Bruce Beresford deberá comprobar su presunta inocencia y convencer al juzgado de que las pistas que apuntan a su supuesta culpabilidad son pura ficción.


EL DATO

La película del homónimo

“Doble Traición” es un filme de suspenso protagonizado por Ashley Judd y Tommy Lee Jones en donde una mujer es acusada del asesinato de su marido y descubre que el supuesto homicidio fue un montaje realizado por su pareja, quien manipuló la situación para que las evidencias la incriminaran.

La actriz multifacética Ashley Judd, quien ha participado en más de 20 películas de diferentes géneros, es la protagonista de la película (Libby Parsons), originalmente titulada Double Jeopardy.

Después de ser encarcelada injustamente, Libby Parsons, sale en libertad condicional y comienza la búsqueda de su esposo. Al ser perseguida por su oficial de libertad condicional interpretado por Tommy Lee Jonnes, juntos comienzan a resolver el complicado caso.

La película fue dirigida por Bruce Beresford, cineasta autraliano y quien fue nominado al Oscar por sus trabajos. Su última película fue “El último bailarín de Mao”.



EL DATO

De acuerdo con el descriptivo legal 86 del Código Penal de Quintana Roo quien “prive de la vida a otro se le impondrá una pena de seis a 18 años de prisión (…) y de 12 a 30 años de prisión al responsable de homicidio calificado”.
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