Jorge Cruz Ibáñez, vocero de la CNTE en la zona centro del estado, consideró altamente preocupante que el Estado mexicano recurra a la fuerza pública para solucionar los conflictos sociales como los ocurridos recientemente en el estado de Michoacán contra estudiantes normalistas ¦ Foto Archivo
Orizaba, Ver.- El Estado mexicano recurrió a la “criminalización” de los movimientos sociales “para legalizar el uso de la fuerza pública”. Los hechos “represivos” de Michoacán, “el mejor ejemplo”. “Con el retorno del PRI a la Presidencia de la República “retorna el negro historial de represión”. Además se teme que el gobierno de Enrique Peña “desate una mayor violencia contra los luchadores sociales”.
El profesor Jorge Cruz Ibáñez, vocero en la zona centro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) analiza el momento que atraviesa la lucha social en el país, “pero lo que más nos preocupa es que valoramos el retorno del PRI y lo que más debe preocuparnos es que regresan con todo su negro historial de represión”.
Entre los luchadores sociales, admite, “sí hay preocupación, pero debemos dar la cara, debemos de informar a la sociedad. Los movimientos sociales los están criminalizando y es el inicio de la represión (con el regreso del PRI al gobierno del país), podemos tener mayor represión”, considera.
Dice que los hechos “violentos” ocurridos hace unos días en Michoacán “es el mejor ejemplo de la criminalización que el gobierno federal, el de Felipe Calderón, hace contra la lucha social”.
“El comité estudiantil de la escuela normal Vasco de Quiroga exige una prórroga a la reforma curricular de su institución. Argumentan que es posible una respuesta favorable de la Federación, como se ha hecho en el Sector Salud y en el ámbito fiscal”.
Además, dice, “solicitaron solución en diferentes instancias, como las comisiones de educación y presupuesto del Congreso local en Michoacán en reiteradas ocasiones; sin embargo el gobernador Fausto Vallejo decidió utilizar la fuerza pública como respuesta a las demandas”, señala.
Esto reafirma la postura de que el Estado mexicano recurre a la criminalización “para controlar las protestas sociales”. Ante ello la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hemos analizado el escenario y rechazamos la violencia además de la represión utilizada por el gobierno federal y el uso desmedido de la fuerza, así como el abuso de poder para solucionar los conflictos sociales e imponiendo unilateralmente la currícula acordada con la OCDE”.
Otra de las posturas que asume la CNTE en Veracruz es la del respeto a la autonomía “de los centros de formación docente para decidir conjuntamente con todos los actores de la comunidad, padres, alumnos, investigadores y docentes, la construcción de un currículum que responda al desarrollo de sus habitantes y respeto a su diversidad cultural, transformando sus pueblos y no imponiendo modelos educativos ajenos a nuestro país”.
A la vez da a conocer que en el país “ya hay un rechazo a las acciones de Michoacán, debemos sumar esfuerzos a los que están haciendo en otros estados como Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Chiapas, Sinaloa, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Puebla, entre otros estados, para construir un proyecto de educación alternativo que mejore el modo de vida actual de todos los mexicanos”, sostiene.
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