Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón.
Foto: Tomada de Internet.
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La captura de tres presuntos integrantes de Los Zetas en octubre pasado permitió a las autoridades detectar la existencia de una presunta red de complicidades de ese grupo criminal para operar a sus anchas en Córdoba, Veracruz. El amplio entramado –al decir de los tres capturados por la Marina– incluye a empresarios, políticos y sobre todo a funcionarios de la Procuraduría del estado de Veracruz, que ahora está obligada a investigarse a sí misma. Mientras tanto, el mandatario Javier Duarte rendía el jueves 15 un triunfalista informe de gobierno…
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Córdoba se convirtió en el refugio de Los Zetas en Veracruz, con la protección de funcionarios de seguridad y procuración de justicia y el apoyo de empresarios para el lavado de dinero. La reciente captura de tres operadores de esa organización delictiva por parte de la Marina descubrió una presunta red de favores que implica sobre todo a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado en la ciudad donde nació el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
La PGJ tiene ahora que investigarse a sí misma, por lo menos en lo que hace a los delitos del fuero común atribuidos a los tres detenidos por la Marina el pasado 10 de octubre, acusados de portación de armas largas y posesión de cocaína y mariguana para su venta al menudeo.
La detención se hizo pública el pasado 14 de octubre, cuando la Secretaría de Marina informó que sus efectivos habían aprehendido en el puerto de Veracruz a Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, quienes se identificaron como zetas.
Desde su captura los tres presuntos zetas apuntaron hacia las oficinas de la Procuraduría veracruzana en Córdoba. Sus declaraciones las conocen tanto el gobierno de Duarte como la Marina pues la PGJ tiene un “fiscal investigador especializado adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina-Armada de México”, la que prácticamente está a cargo de la seguridad en el estado mediante el Operativo Veracruz Seguro.
“El Chuletón”
El modus operandi de Los Zetas en Córdoba está detallado en la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz por el “fiscal investigador especializado” Pedro Alberto Huesca Barradas. La averiguación se dio a conocer en el estado de forma extraoficial, sin papel membretado de la PGJ.
El Chuletón, de 26 años y originario de Córdoba, se dedica a la venta de cocaína. Integrante de Los Zetas desde 2008, había viajado al puerto para encontrarse con El Trejo y El Chilango y entregarles la droga que transportaba, un paquete de más 76 bolsitas de mariguana además de 500 bolsitas de cocaína, para distribuirla en el puerto de Veracruz.
Los tres dijeron estar bajo el mando del Comandante Javid o El Pájaro, a quien identificaron como “segundo comandante” del cártel en la zona de Córdoba-Fortín de las Flores y Orizaba. Lo señalaron como el encargado del narcomenudeo, la extorsión a los líderes cañeros de la zona durante el corte de caña, el cobro de derecho de piso, secuestros y el control de “todo el personal de sicarios que llamamos estacas”, así como dueño de bares en Córdoba, de cuyo distrito electoral Duarte fue electo, en 2009, diputado federal a la LXI Legislatura en la que ejerció sólo unos meses.
En su declaración ministerial, referida sólo por algunos medios locales, El Chuletón es prolijo en nombres de sus jefes, de los empresarios que supuestamente han puesto sus negocios para lavar dinero y de los funcionarios de la PGJ que, dijo, protegen a Los Zetas.
“Tenemos personas de la Procuraduría trabajando para nuestra organización. De los que me acuerdo y conocí son el licenciado Abraham Becerril Hernández”, quien fue subprocurador de Justicia en Córdoba y precandidato del PRI a esa alcaldía. De él dijo que “recibía una nómina de cien mil pesos mensuales. Nos presta sus bodegas donde guardamos los tráilers robados y a las personas que levantábamos o secuestrábamos”.
Mencionó también a María Isabel Hernández Cruz, agente del Ministerio Público en Córdoba. “El licenciado Abraham Becerril Hernández nos mandaba con ella para que nos devolviera los tráilers de la empresa de Los Zetas que detenían y ponían a disposición. Le pagamos por su apoyo la cantidad de 50 mil pesos mensuales”.
El secretario del Ministerio Público, Uriel Moreno, “es el que hacía los trámites para devolvernos las unidades. Le pagamos… 10 mil pesos mensuales”. Aseguró que la mercancía que les era devuelta la almacenaban en una bodega propiedad de Becerril Hernández.
“También trabaja para Los Zetas el licenciado Marco Antonio Lezama Moo, quien fue subprocurador en Córdoba en el año 2008 a 2010”. El siguiente cargo que ocupó Lezama Moo fue como encargado de despacho en la PGJ tras la renuncia de Reynaldo Escobar. Actualmente es subprocurador en Xalapa.
Según el testimonio, Gustavo Cano Sánchez, El Moneneque, quien fue jefe de Los Zetas en Córdoba, le pagaba a Lezama Moo 80 mil pesos mensuales. “Nos entregaba los vehículos que nos aseguraban sin hacer ningún trámite, así como los tráilers y dejar (sic) en libertad inmediata a miembros de Los Zetas”.
Como muy cercano a Lezama Moo señaló a Lauro Ramos Olmos, quien era agente del Ministerio Público en Córdoba. “Le pagamos la cantidad de 20 mil pesos mensuales. Se encargaba de entregarnos los oficios para liberar los vehículos asegurados y dejar en libertad a miembros de Los Zetas que fueran detenidos.
“También nos decía si aseguraban algún vehículo de nosotros o a algún compañero. Además, los ayudaba cuando tenían que declarar en su oficina o ante cualquier autoridad que los detuviera para que no delatara a Los Zetas y se pudieran defender mejor. Ahora está como Ministerio Público en Xalapa, a donde lo mandó Lezama Moo”, según la declaración.
El Chuletón también implicó a Jorge Yunis Manzanares, subprocurador regional de Justicia en Coatzacoalcos: “También es parte de nuestra organización. Es una de las personas a las que el jefe le tiene más confianza”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1881, en circulación)
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