Xalapa, Ver. La empresa enfrenta denuncias por hacer obras de mala
calidad, entregarlas a medias o dejarlas abandonadas; el asesor legal, José
Manuel Flores Ríos, involucrado en sobornos y tráfico de influencias, todos
aseguran que José Murat es el dueño y gestor de la empresa constructora
EL DATO:
El asesor legal de la Constructora del Sureste
S.A de C.V., José Manuel Flores Ríos, fue acusado de instigar a comunidades
incorporadas al Consejo Regional de Pueblos Indígenas del Sur de Veracruz, para
rebelarse contra el gobierno de aquella entidad y obligarlo a entregarles 50
millones de pesos para construir obras.
Un negro historial de denuncias por hacer obras
de mala calidad, entregarlas a medias o dejarlas abandonadas, sobornos, tráfico
de influencias y contubernios con autoridades, rodean a la empresa Constructora
del Sureste S.A. de C.V., que tiene asignada la obra del distribuidor vial en
el crucero de Cinco Señores, en esta capital. Son 126 millones de pesos, para
empezar, las que ejercerá la peor empresa que el gobierno pudo contratar.
La empresa, según afirman empresarios de la
construcción, es propiedad del ex gobernador José Nelsón Murat Casab, pero
tiene como apoderado legal a José Manuel Flores Ríos; gracias a la influencia
del político oaxaqueño, ha sido beneficiada por los gobiernos de Oaxaca y
Veracruz, merced a los compromisos políticos, al pago de facturas electorales o
por la amistad con los mandatarios en turno.
La Constructora del Sureste, con domicilio
fiscal en la ciudad de Oaxaca, empezó a tener presencia en diversos municipios
del estado de Veracruz.
LA MANO NEGRA DE
MURAT
A José MuratCasab se le relaciona con la empresa
Constructora del Sureste, cuyo apoderado legal es José Manuel Flores.
La empresa ha realizado proyectos públicos en la
región sureña con las actuales autoridades municipales de zonas indígenas, como
la Sierra de Soteapan.
La Constructora del Sureste fue beneficiada,
entre 2008 y 2010, con diversas obras en municipios del sur de Veracruz, por un
monto superior a los 300 millones de pesos.
Autoridades de diversos municipios de esa zona
denunciaron que las obras realizadas en sus comunidades son de mala calidad,
muchas colapsaron en la pasada temporada de lluvias, otras quedaron a medias y
en varios casos se otorgaron los recursos, pero no se iniciaron los trabajos,
lo que dio lugar a una serie de investigaciones por parte de la Contraloría del
gobierno estatal.
La Constructora del Sureste tiene cuentas
pendientes con la Contraloría veracruzana, ante el incumplimiento de la obra
del puente “El Naranjito” y la clínica del sector salud de Cosoleacaque, entre
una larga lista de irresponsabilidades.
Hay quienes aseguran que, en el trasfondo de los
negocios que realiza José Murat en aquella entidad, está la constitución del
llamado Consejo Regional de Pueblos Indígenas del Sur de Veracruz, con métodos
similares a los de la Coalición Obrera Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI)
que el mismo Muratayudó a fundar en Juchitán.
Para crear esa agrupación, el ex mandatario
oaxaqueño utilizó al ex alcalde de Tatahuicapan, Esteban Bautista Hernández,
quien se encargó de reclutar a nueve alcaldes, cinco de ellos perredistas, un
convergente, recién convertido al priismo y tres panistas. Esa organización ha
servido para presionar al actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para
que le otorgue millonarios contratos a la empresa Constructora del Sureste.
Gracia a esa presión, la Constructora del
Sureste está ejerciendo más de 500 millones de pesos en obras en los municipios
de de Tatahuicapan, Pajapan, Mecayapan, Chinameca, Oteapan, Zaragoza,
Texistepec, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán.
En meses pasados se gestó una rebelión entre los
indígenas de la sierra veracruzana, quienes amenazaron con bloquear las
instalaciones del acueducto Yuribia y de los manantiales de Platanillo para
dejar sin servicio de agua potable a más de medio millón de ciudadanos de los
municipios de Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan, Oluta y
Soconusco.
El movimiento político tuvo como objetivo principal
presionar al gobierno del estado para que aportara 50 millones de pesos para
obras en nueve municipios, considerados indígenas, gobernados por la oposición
al PRI. Uno de los promotores de la rebelión fue José Manuel Flores Ríos, el
representante legal de la Constructora del Sureste, la cual una vez liberados
los recursos sería la beneficiada por los trabajos.
El Consejo Regional de Pueblos Indígenas agrupa
a nueve municipios: Tatahuicapan, Mecayapan, Pajapan, Texistepec, Zaragoza,
Texistepec, Sayula de Alemán, Chinameca y Moloacán. Los que firman pidiendo las
obras son autoridades emanadas del PAN y PRD, todos contrarios al PRI.
Lo criticable de todo lo anterior, es que José
Nelsón Murat es asesor del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa,
a quien presiona a través de los movimientos rebeldes que organiza José Manuel
Flores Ríos para lograr la asignación de obras para su empresa.
Pero eso no es todo. El domingo 20 de noviembre
del año pasado, en el marco del programa “Veracruz Seguro” fueron detenidas 12
personas, nueve de ellas policías municipales de Mecayapan y tres vigilantes.
Horas después, los policías fueron liberados, en
tanto los vigilantes -de la maquinaria pesada y equipo de construcción en una
bodega propiedad de la empresa Constructora del Sureste- fueron consignados por
portar armas largas R-15, Ak 47 y pistolas para uso exclusivo del Ejército.
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