25 de febrero de 2013

LA PANDILLA PRIISTA EN EL CONGRESO/ ZONA FRANCA



Roberto Morales
por Roberto Morales
Hace tiempo que la bancada del PRI en el Congreso de Veracruz dejó de ser un grupo legislativo. Son, para más señas, una pandilla preelectoral que tumba alcaldes incómodos que le estorban o una mafia que solapa presidentes municipales que roban en alta, que desvían recursos o que reprimen al pueblo.
En esa lacra se ha convertido la pomposamente llamada fracción parlamentaria del PRI en la Legislatura de Veracruz.
Citemos el caso más reciente: Tito Delfín Cano, alcalde de Tierra Blanca, a quien le iniciaron un juicio político supuestamente por violar la veda electoral impuesta por el Instituto Federal Electoral en la pasada contienda de 2012.
Tito Delfín es panista. Fue diputado local y en el Congreso se convirtió en uno de los alfiles del santón del PAN en Veracruz, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, “Pipo”, quien lo encumbró y a quien le debe la alcaldía de Tierra Blanca.
Durante la pasada elección federal, Tito Delfín desoyó la veda electoral del IFE. Anunció obras públicas, que presumiblemente servían al PAN para derrotar al PRI. A cambio se ganó una denuncia en su contra por violentar esa disposición.
Hace medio mes el caso estalló en el Congreso de Veracruz. Ahí la pandilla de diputados del PRI le dio curso, celeridad y agilidad para que Tito Delfín, fuera masacrado. Le dieron entrada al juicio de desafuero y una vez que por mayoría lo retiren de la alcaldía de Tierra Blanca, será juzgado.
El caso está viciado de origen. La pandilla priísta en el Congreso de Veracruz, sin facultades para ello, se convirtió en la nueva versión de Torquemada y su Santa Inquisición y pese a que hay temas legales por resolver, ya prácticamente tienen fuera de la alcaldía a Tito Delfín, pese a que tiene interpuesta una apelación en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En similar caso se halla el alcalde de Banderilla, Francisco Hernández Loaeza, del PRD, a quien se le acusa de desacato a sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por juicios laborales perdidos pero que tuvieron su origen en el anterior presidente municipal, Fidel Cruz González.
Hernández Loaeza solicitó en 2012 adelanto de las participaciones federales al municipio de Banderilla, para saldar los pasivos laborales pero el Congreso de Veracruz lo congeló para crear un cuello de botella. Sin recursos a la mano, lo hicieron caer en desacato y el Tribunal de lo Contencioso lo denunció ante la Legislatura, pidiendo su separación del cargo. O sea, una maniobra del PRI.
Los priístas, que actúan como perros de presa cuando así se los exige el gobernador en turno, han tenido mano blanda con la delincuencia del PRI que gobierna las alcaldías. Ahí está el caso de Carolina Gudiño Corro, edil del puerto de Veracruz, acusada de malversación de fondos públicos, a quien el Congreso estatal se niega a auditar.
Otro caso de escándalo es el del alcalde de Fortín de las Flores, César Torrecillas Ramos, quien alegó motivos de salud para separarse del cargo. En un principio en Congreso de Veracruz no lo dejaba ir, pero bastó la intervención del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, para que se le autorizara la licencia. Poco después se supo que había incurrido en un quebranto financiero de 40 millones de pesos, que a la fecha se mantiene impune.
Un caso más es el de Marcos Theurel Cotero, alcalde de Coatzacoalcos, a quien diez de los 15 ediles lo acusan de violar la Ley Orgánica del Municipio Libre; realizar obras públicas no contempladas en el plan general de obra para el año 2012, y sobregirarse en el presupuesto hasta por 200 millones de pesos.
Está el caso de Guadalupe Porras David, ex alcaldesa de Minatitlán, protegida del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) le detectó malversación de recursos públicos por 269 millones de pesos en su último año de gobierno, pero la encubrió al grado de limpiarle la hoja de servicios.
Guadalupe Porras fue denunciada por el síndico y todos los regidores del ayuntamiento que le tocó encabezar. Presentaron dicha denuncia ante el Congreso del Estado y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, pero la pandilla priísta la protegió.
Otro caso de encubrimiento es el de Renato Tronco Gómez, alcalde de Las Choapas, contra quien existen decenas de señalamientos por mal uso de los recursos públicos, enriquecimiento inexplicable, abuso de autoridad, represión a ciudadanos que ejercen su libertad constitucional de expresión y manifestación. Inclusive, ahora Tronco enfrenta una denuncia penal de Petróleos Mexicanos por haber desviado recursos para obras que estaban etiquetadas y que usó para ganarse el favor de sus seguidores.
Entre los ex alcaldes solapados por la pandilla de diputados priístas se encuentran Marcelo Montiel Montiel, de Coatzacoalcos, y Vicente Escalante Macario, de Agua Dulce, dos pájaros de cuenta y a quienes no les cuadran las cuentas.
Marcelo Montiel gobernó Coatzacoalcos, de 2008 a 2010. Generó una deuda de 200 millones de pesos sin que haya aclarado en qué usó esos recursos. Las obras públicas las ejecutaron empresas constructoras con un historial de corrupción. Actualmente es secretario de Desarrollo Social del gobierno de Veracruz.
Vicente Escalante, alcalde de Agua Dulce, también de 2008 a 2010, es señalado de desaparecer los recursos de la bursatilización del impuesto de tenencia vehicular. A la fecha esdirector general de Desarrollo Turístico en los Municipios, de la Secretaría de Turismo de Veracruz.
Para ellos —Gudiño, Torrecillas, Theurel, Porras, Tronco, Marcelo y Escalante— ha habido encubrimiento; en cambio, para los alcaldes de oposición, persecución.
Esa es la misión de la pandilla priísta, que no grupo parlamentario, del PRI en el Congreso de Veracruz. A los priístas no se les toca ni con el pétalo de una rosa.
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