SILVIA NUÑEZ HERNANDEZ
El caso de la veracruzana Ángel de María Soto Zárate, licenciada en educación preescolar de la ciudad capital, quien fue retenida y acusada de actividades ilícitas por al plantársele un equipaje –la cual no reconoce como propia- repleta de droga. Esta situación no es un hecho aislado, pues actualmente este tipo de actos son orquestados por parte de las mismas autoridades mexicanas con la finalidad de deshacerse de algunos individuos incómodos, mejor conocidos como presos políticos.
Grupos ciudadanos han mostrado mucho interés en el caso de la educadora, quien al parecer –sin deberla ni temerla- fue la candidata idónea para implicarla en algo muy sucio. ¿Con qué motivo? Sólo las autoridades saben las causas de mancharle la imagen a una persona que se dedica únicamente a trabajar.
Familiares y amigos le piden al gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, les ayude a impedir esta violación a los derechos constitucionales de Ángel de María Soto Zárate. Pero desafortunadamente les podemos advertir que este no moverá un solo dedo para ayudar a la educadora, pues le tenemos que recordar que el gobierno del estado ejecuta las mismas acciones en contra de los veracruzanos.
Para hacer un poco de historia y sobre todo, refrescarle la memoria al gobernante en turno; el caso más reciente, es de los operadores panistas del municipio de Tlalixcoyan, Rodrigo Vidal Delgado y Gilberto Rodríguez Suárez, a quienes intentaron acusar como activos de la delincuencia organizada al sembrarles armamento de uso exclusivo de los militares, los cuales son utilizados por parte de grupos delincuenciales y narcotraficantes.
También no debemos de olvidar el caso de los policías intermunicipales que fueron golpeados y humillados al ser acusados como “halcones” de los “innombrables” cuando emboscaron en aquel entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Sergio López Esquer, donde los escoltas del propio gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, los atacaron literalmente para luego imputarles una serie de delitos y hasta igual, se atrevieron a sembrarles armas y granadas, propiedad de ellos mismos.
Otro caso lo ejecutaron con la detención del maestro de matemáticas, Gilberto Vera Martínez y la priísta, María de Jesús Bravo Pagola –esta última principal objetivo de Javier Duarte- cuando violentando sus garantías constitucionales y sus derechos a la libre expresión, fueron aprehendidos y encarcelados por el “encabronamiento” del ejecutivo estatal en contra de la ex directora de Actividades Artísticas, Culturales y Recreativas de la Secretaría de Educación Veracruz (SEV), que constantemente lo atacaba en las redes sociales y hasta se atrevía a retarlo a que fuera por ella, que no le tenía miedo. Derivado de ello, ordenó su encarcelamiento y hasta se atrevió a enviar al pleno una iniciativa de Ley para sustentar sus acciones en contra de los twiteros.
El cinismo del gobierno cada día se vuelve más evidente y máxime, cuando utiliza todo el “pinche poder” –cita del “filósofo” Fidel Herrera Beltrán- para perjudicar a quien se le ponga en frente.
Qué puede hacer una persona que imposibilitada con su detención, sin dinero para pagarse una buena defensa, observa como la misma autoridad, ordena a sus colaboradores, le fabriquen todo un escenario delincuencial en su contra para implicarla y posteriormente refundirla en la cárcel. Este es nuestro sistema político, por lo tanto, no esperamos gran cosa por parte del gobernador del estado para coadyuvar con la situación de legal de la docente.
Esperemos que pronto su situación jurídica se aclare y sobre todo se solucione, para beneficio de sus familiares. Todos los veracruzanos en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que padecer los malos gobiernos que actualmente se han instalado en nuestro estado y al parecer no pretenden irse pronto. Así que a rezar todos.
El veneno de Reyes Peralta
En verdad que en el estado de Veracruz pasa de todo, y lo peor, es que todo lo que sucede siempre es en contra de los veracruzanos, del medio ambiente y de los animales.
Derivado del “gran negocio” que pudo atraer en su despacho el abogado de la fidelidad, Jorge Reyes Peralta –padre del rojito pero bastante gris, Jorge Reyes Leo, dirigente municipal del PRI en Boca del Río- quien interpuso una demanda legal en contra de la empresa Mexalit S.A de C.V., luego de que esta debe alrededor de nueve millones y medio a Transportes CC. Es importante aclarar que dicho litigio no se no se lo aventó el abogado priísta en favor de la compañía de transportes porque esté muy preocupado por el medio ambiente ni por los miles de ciudadanos que habitan en alrededor de 50 colonias y fraccionamientos asentados en la zona. Las autoridades encargadas en el medio ambiente argumentan que se han propiciado afectaciones en un radio de 10 kilómetros a la redonda, pero los más dañados son los trabajadores de la Central de Abastos que estuvieron expuestos al riesgo que la empresa transportadora que por dinero les originó al dejar el material de asbesto tóxico al aire libre.
El día de ayer el comisionado de Protección Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Álvaro Pérez Vega y la encargada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Veracruz, María Salud Santos Martínez anunciaron que dicho material venenoso sería levantado y trasladado a una bodega ubicada en Tizayuca municipio del estado de Hidalgo.
El representante de la COFEPRIS argumentó que la empresa Mexalit sería sancionada hasta por un millón de pesos. Lo que le faltó advertir es con cuanto multará a empresa CC Transportes pues al final –como dice Fox, “haiga sido como haiga sido”- fue quien puso en riesgo la salud de los veracruzanos. No se vale que la empresa transportadora salga con la “charada” de que no sabía que material transportaban, pues de ser así, las autoridades deberían de poner atención en las cargas transportadas por dicha compañía, pues no vaya a ser que hasta haya transportado cocaína u cualquier material tóxico a la entidad veracruzana.
Es importante concientizar a los habitantes que viven en colonias como la Serdán, Las Bajadas, Las Caballerizas y fraccionamientos como Laguna Real y Geovillas del Puerto –por mencionar algunas- que se hagan un estudio inmediato luego de que dicho material tóxico estuvo cerca de las lagunas y la reserva ecológica de Tembladeras.
Inaudito, los veracruzanos no tan sólo deben de “apechugar” el agua cochina que el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) –caja chica del gobernador del estado- les cobra como agua potable de calidad; ahora, deben de asearse, lavar sus utensilios de cocina y ropa con agua tóxica que afecta a la salud de los habitantes.
A donde vamos a parar.
Chachalacas cobra fama por muerte marina
Alrededor de 350 mantarrayas fueron las víctimas ahora del sistema. Las autoridades intentan echarle la culpa a los pescadores de la zona, para justificar la seria mortandad de esta especie marina. Los trabajadores del mar, indican que es muy seria la acusación, cuando las propias autoridades saben totalmente que dicha muerte es originada por Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual se encuentra realizando exploraciones desde el municipio de Alvarado hasta Úrsulo Galván. También la Nucleoeléctrica Laguna Verde, podría ser una de las causales, pues indican que ésta constantemente contamina al arrojar los desechos al mar.
Esta imputación por parte de los pescadores le debería de causar preocupación a la Profepa y hacer su trabajo de estudios de lagunas, río y mar del municipio de Úrsulo Galván, las cuales sin origina que las especies marinas estén muriendo, reconsideren la situación y sobre todo el riesgo para las personas que visitan dichas playas.
Claro, como la advertencia de alerta perjudicaría a los “poderosos” hoteleros y restauranteros de la zona; no nos extrañaría que dicha dependencia federal encargada de cuidar nuestro medio ambiente se dedique –sin preocuparse en analizar el agua- a desmentir a los pescadores y digan, que son estos quienes originaron la muerte de las mantarrayas.
Tanto la Profepa como la Sermanat se han convertido en un elefante blanco y hacer un negocio de sus declaratorias, al proteger los intereses del gobierno estatal y han dejado a un lado las funciones para las que fueron creadas.
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