26 de mayo de 2014

UN GOBIERNO SORDO Y CIEGO

Por: Adela Navarro Bello
Aunque no lo expresaran los del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ni lo afirmaran los del INEGI, ni lo confirmaran en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o lo analizaran expertos académicos o empresarios, de todas maneras los mexicanos todos, lo sentimos. 

Lo palpamos en el día a día, lo vivimos y lo padecemos, que es lo peor. Realmente en México y en estos momentos, no hace falta que nos vengan a decir que el País está en una recesión económica. Se siente, se nota, se percibe y se vive; la falta de flujo de recursos, la carestía económica, la paupérrima situación del salario mínimo, la falta de inversión interna y la ausencia de inversión externa, y la errada inversión de los gobiernos, empezando por el Federal –de hecho la más importante en términos financieros y numéricos-, y siguiendo con la estatal y la municipal que están supeditadas a la federal en este centralismo puro que vivimos hoy día.

Hay hogares, muchos (quizá el suyo sea el caso) donde se han tomado medidas de ahorro y previsión, ya no compras esto o aquello, prescindimos de lo otro y nos arreglamos con lo poco. En el mundo del comercio, las cosas no van bien. Siendo la pequeña y la mediana empresa las principales proveedoras para la economía en México, son las que más están padeciendo la recesión económica. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en los primeros tres meses del año, en México cerraron 115 mil 470 negocios. Por entidad, los primeros cinco lugares en números rojos son, Estado de México con 23 786 bajas en negocios, Distrito Federal con 16 mil 341 inversiones menos, Jalisco con 10 mil 91 a la baja, Guanajuato 8 mil 934 negocios menos y Baja California (mi estado) con 5 mil 758 empresas medianas y pequeñas, menos.

¿A qué se debe la inapetencia para la inversión en nuestro país? Desde un punto de vista ciudadano y medianamente informado, a cuatro factores: las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto, la Fiscal, la Energética y la Política, que si llegan a dar resultados será en el largo plazo; la recesión que está de salida en los Estados Unidos el país con el que mayor intercambio comercial tenemos y del cual depende de manera indirecta (realmente directa) nuestra economía; la poca y mala inversión gubernamental –invierten pero no donde se derrama el dinero, sino donde pocos se aprovechan-, y cuarta, la inseguridad cada vez más cruenta, más grave y más llamativa en el País, que inhibe la inyección de dinero extranjero y nacional (Luis Videgaray Caso, el Secretario de Hacienda lo dijo hace unos días, antes de anunciar que ajustaría el porcentaje programado de crecimiento económico para México, tasado en 3.1 por ciento).

No hay dinero, la gente no compra, no invierte, los presupuestos se acortan y los ahorros, pocos, se guardan para ocasiones peores. La reforma financiera, fiscal, en mucho contribue a ello. Hostigar a la base contribuyente de siempre con trámites basados en la desconfianza y la persecución, como hacer que todos los negocios, absolutamente todos, incluyendo los taqueros, los abarroteros y los desayunadores, tengan que facturar electrónicamente, y de ahí para arriba, obligar a comprar programas de computadora para emitir facturas que antes de ser entregadas deben ser aprobadas por Hacienda.

Siguiendo por los gobiernos estatales y municipales que no pueden invertir en obras que no sean parte del proyecto nacional de desarrollo y vayan acorde a las necesidades electoreras y de lucimiento propio del gobierno federal, con tesoreros y financieros y directores de finanzas y administradores que deben estar certificados por el gobierno central para asegurar que los dineros públicos se invertirán donde el Gobierno de Enrique Peña Nieto quiera que se inviertan, y no para satisfacer las necesidades reales de la sociedad. La economía está inhibida, está en recesión y todos lo padecemos.

Los abarroteros que deben cerrar porque no alcanza la poca ganancia para adquirir un equipo computacional y un programa fiscal; los vendedores que deben hacer el doble de trabajo para ganar lo mismo, los inversionistas que cambian de estado en busca de mejores condiciones locales para desarrollar negocios transnacionales, los extranjeros que han dejado de invertir en México porque les cuesta más que en otros países del tercer mundo. Tan mal nos ha ido de entrada con las reformas estructurales que sacó adelante Enrique Peña Nieto con interesadas alianzas con los líderes del PAN y el PRI, que pactaron con sus comparsas representantes en las Cámaras Legislativas Federales, que el propio gobierno federal ha debido de invertir e inventar fondos, para inyectar los sectores del país.

Este sexenio, sordo y ciego que no entiende lo que entidades locales, nacionales, internacionales, analizan y consigan, y lo que la sociedad mexicana está viviendo, y que es una recesión, negada por el Presidente de la República y repudiada por el Secretario de Hacienda, crea a costa de sus ciudadanos, inversiones para apoyar, en una estrategia paternalista, a quienes padecen en lo inmediato los efectos negativos de la toma de decisiones en términos financieros en México. Y para ello, crean fondos de recuperación. Así tenemos que se han creado fondos federales para “ayudar” a los sectores productivos a sobrellevar y sobrevivir las consecuencias de la administración priísta de Enrique Peña Nieto. Ahí tiene el Fondo Educativo de Peña por 950 millones de pesos para la ampliación en la oferta educativa de los Tecnológicos de México (luego se dará cuenta que las Universidades tampoco pueden con la carga y creará otro fondo); el Fondo para el sector Agropecuario, 120 millones de pesos de inversión para impulsar la productividad de los ganaderos del País.

Luego está el Fondo para la zona fronteriza, que el presidente Enrique Peña Nieto “lo da” a partir de la reforma fiscal que incrementó el IVA del 11 al 16 por ciento en la franja fronteriza –estaba a una tasa menor para competir con los impuestos al valor agregado, que son menores en los países vecinos- que consiste en tres mil millones de pesos para apoyar a empresas a amortiguar el incremento de impuestos pero a través de programas asistencialistas de la Secretaría de Desarrollo Social que no llegan a los negocios, sino a las familias, hombres y mujeres, seleccionados por el sistema federal en base al voto y la necesidad, y no contemplando la inversión o el nivel de competitividad que requieren alcanzar. Otro fondo para la recuperación. Fondo para Jefas de Familia, para que…en serio, se compren una casa; lo hizo a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, en solo siete estados de la República Mexicana y para que las mujeres puedan adquirir una vivienda en pagos semanales menores a los 500 pesos, no importa las dimensiones del “hogar” que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari empezaron a reducir los metros cuadrados de construcción, para ir bajándolos cada vez más con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, hasta llegar a condiciones de hacinamiento con Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto.

El último fondo que anunció el Gobierno de la República: para las empresas del sector energético, es decir, después de una súper reforma energética, de anunciar la panacea con la apertura a la inversión, la consolidación llega en una fondo privado de bancos y gobierno –ahí el detalle y el negocio- de 26 mil millones de pesos para “pequeñas y medianas empresas que decidan participar en el sector”, a partir de la dupla Nacional Financiera y el banco HSBC a través del gobierno de Enrique Peña Nieto. Demasiados fondos, demasiados desaciertos palpables, vivibles, y padecidos por los mexicanos, para un gobierno que ciego y sordo –más bien que se hace el ciego y sordo- no quiere ver, no reconoce, pero que todos sufrimos y que están plenamente documentados por organismo nacionales, privados, institucionales, extranjeros y de cooperación internacional. La economía mexicana está en recesión, y se siente, aunque el gobierno de Peña lo niegue, y los expertos lo confirmen.

SIN EMBARGO

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