El titular de la PGJ aseguró que, según las investigaciones, se cree que los mismos manifestantes pudieron planear herir al niño.
Víctor Carrancá, procurador General de Justicia de Puebla, reiteró que los elementos de la Policía Estatal que participaron en el desalojo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, el pasado nueve de julio, no mataron al menor de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
En entrevista con Grupo Fórmula, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguró que es “imposible” por las distancias, por la manera en que se dieron los hechos, de que la muerte del niño fuera provocada por los uniformados.
La herida, de acuerdo con los peritajes, dijo, fue hecha por un estallido y no por una bala de goma, lo que se corrobora que fue un cohetón lo que causó la muerte.
En este sentido, Carrancá afirmó que según las investigaciones, se cree que el fallecimiento del menor pudo haber sido premeditado, porque se indaga la posibilidad de que los mismos manifestantes hubieran planeado herir al niño.
“Hay grupos que están en una actitud agresiva, que nosotros creemos que pudo haber sido planeado”, manifestó el procurador.
Sobre la denuncia de la madre del menor, el funcionario poblano aseguró que ella cayó en contradicciones, ya que en un principio dijo que sólo iba pasando un campo para llevar comida y en otro momento acusó que iba a la escuela cuando su hijo fue herido.
Este martes, pobladores de Chalchihuapan despidieron a José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, acompañados de diputados federales, senadores, presidentes auxiliares y habitantes de diversas partes del estado.
En este acto, los asistentes exigieron que se aplique la justicia en este caso, además de la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle, del secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, así como del secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas.
Esto, al acusar al gobierno de Puebla de ser causantes de la muerte de José Luis por lo que han llamado la “Ley Bala”, la cual en este momento está en proceso de abrogación en el Congreso local.
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