FUERA DE FOCO
Por: SILVIA NÚÑEZ HERNÁNDEZ
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Un ciudadano mexicano desde que sale diariamente de su
casa –muchas veces hasta en el interior de ella- tiene que enfrentar una serie
de actos que transgreden a su persona o familia, derivado de las diversas
acciones de instituciones o empresas comenten fraude periódicamente amparadas
por la impunidad y la omisión de las dependencias encargadas para la supuesta
“protección” de los ciudadanos. Es decir, estas instancias en vez de proteger a
quienes les pagan sus onerosos sueldos, en la mayoría de los casos, se
convierten en aliados de quienes incurren en el fraude en contra de los
usuarios o de la población en general.
Diariamente vemos
en diversos espacios informativos la promoción costosa –aparte no hay quien las
regule a ellas- de instancias como la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), La
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), el
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) por citar algunas; donde se
promueve la imagen de proteger y coadyuvar en la defensa de la ciudadanía. El
problema es que todas ellas, son blandas y sin dientes. Jamás sus normas y
estatutos de cómo fueron creadas, les permite proceder legalmente en contra de
quienes cometan un fraude en detrimento de la ciudadanía. Es decir, son
elefantes blancos.
Otro impedimento
amable lector, se origina por la falta de cultura de la ciudadanía a la
denuncia. El no hacerlo, brinda la posibilidad estar expuestos a los actos
deshonestos de prestadores de servicios, servidores públicos y comerciantes.
El no denunciar,
nos hace candidatos y hasta cómplices de quienes violentan nuestra economía,
nuestro medio ambiente, nuestra tranquilidad, etc. Las empresas –de cualquier
rubro comercial o servicio- y podemos advertir que la mayoría de las
dependencias públicas, que cobran un servicio al ciudadano –los espacios
públicos sus sueldos- y es tan usual que diariamente incurran en la tendencia
de no respetar los contratos o servicios, donde siempre quien sale perdiendo es
el usuario. Lo peor es, que el ciudadano por flojera a la denuncia, prefiere
dejar pasar todos y cada una de acciones que transgreden su economía, y al
final del vericueto, todo se traduce en incrementar más la pobreza entre la
población.
Si analizamos, la
corrupción existente en el país hace que constantemente el ciudadano sea
defraudado. Quienes incurren en dichas faltas, saben que lo hacen bajo el manto
de la impunidad que el mismo sistema político le ha brindado a los poderosos
empresarios y a las trasnacionales, hoy mejor conocidas como poderes fácticos.
Los legisladores no hacen nada por crear iniciativas que protejan realmente a
la población y se puede decir, que son los principales protectores de la
corrupción que impera en México. Su única preocupación es protegerse unos a
otros demostrando que en el país, la impunidad es la que gobierna el sistema
político.
Con el simple hecho
de tirarse a su zona de confort y no gestionar e incentivar reformas en sus
distritos para beneficiar a sus pobladores. Los legisladores sólo se dedican a
trabajar en pro de los poderosos y avalarles “reformas” que a los únicos que
beneficia son a los poderes fácticos y a la clase política. Qué al pueblo se
los lleve el “cuerno”.
La inmoral actitud de la sucursal Chevrolet de Juan Pablo II
Para reforzar lo
anterior expuesto, es necesario amable lector le cuente una historia amable lector
para que sirva de ejemplo y sobre todo, pongan a trabajar a quienes les pagamos
un sueldo –Profeco por ejemplo- por proteger nuestros intereses. No nos hacen
ningún favor.
El día 24 de
octubre del 2014 –el jueves pasado para ser exactos- mi coche particular
presentó un desperfecto debido a que la batería cumplió con su tiempo de vida.
La situación me empujó a llamar a la aseguradora para que me asistieran al pase
de corriente para poder llegar a mi destino. La asistencia vial no fue oportuna
como hubiera deseado, pero lo llevaron a cabo.
Un colega
camarógrafo me indicó que la programación del estéreo es algo muy sencillo de
realizar. Sólo tenía que ingresar un código para poder nuevamente contar con el
buen funcionando de dicho aparato. Me indicó que dicha información debería de
estar en la documentación de mi auto y que él podía hacerlo. Nos dedicamos a
buscarlo y los dichosos números simplemente no aparecieron por ninguna parte.
Nuevamente me
comuniqué al 018000105200, número de atención a clientes de la Chevrolet, donde
primero me atendió un tal Manuel Portillo, luego un César Silva y por último
terminé con una tipa de nombre Carmen Hernández, quien fuese la que me aclaró
que por “política” de la Chevrolet, la codificación del estéreo de las unidades
comercializados por la empresa, ya no se le daba al propietario del auto y para
obtenerla, procederá a pagar a la agencia –cualesquiera- la cantidad de 800
pesos. Dicho monto cubre sólo la programación del estéreo, pero que la
información no se proporcionaba nuca al cliente.
Todo ello, es
doloso, pues la empresa automotriz puede mantener cautivo al propietario de una
unidad por el tiempo que estos quieran. Es decir, las veces que mi reproductor
de música se desprograme, la agencia pretenderá que el propietario del
automóvil pague por utilizar algo que es de su propiedad, acto que es realmente
una canallada.
Obviamente dicha
situación originó mi absoluta indignación. Pese a mi exigencia e indicándole
que me tendría que proporcionar la información de mi automóvil, como también le
exterioricé que la empresa no podía obligarme a pagar un elevado costo por un
código que nunca entregó. Le advertí que a todas luces, dicha medida estaba
diseñada para robar literalmente a los propietarios de las unidades que ellos
fabrican, e incurría en una violación dolosa y de mala fe.
Asistí a la agencia
antes mencionada y me canalizaron con el gerente de refacciones, Julio Flores,
debido que el gerente general –su jefe- no se encontraba en la planta a causa
de un “viaje de negocios” y este sujeto, al final de todo, se negó a solucionar
un problema simple: dar la información solicitada.
Julio Flores, fue
subiendo de tono, luego de que yo le exigía que me diera la información de mi
vehículo y argumentando que si la quería, simplemente pagara por ella la
cantidad antes mencionada. Me acredité como periodista, por último con el
“gerente” de problemas de la sucursal Juan Pablo II y le advertí que dicha
situación la iba a canalizar a la Procuraduría General del Consumidor (Profeco)
pues consideraba abusivo cobrar por información que no les pertenecía en
absoluto y no estaba dispuesta a regalarle mi dinero.
La actitud del
“gerente” se caldeó. Volvió asegurar que dicha medida era la “política” de la
empresa y que las reglas no las diseñaba él, por lo tanto, podía hacer lo que
me placiera, pero el código sólo pagando; además, el auto me dijo que el auto
ingresaría al taller para que un “profesional” lo programara y si en un futuro
volvía a desprogramarse el reproductor, tendría que nuevamente volver a pagar por
él.
Al término de su
interlocución, le notifiqué que la conversación había sido grabada y que dicha
información sería expuesta ante la Profeco. El sujeto –nerviosamente- brincó de
su silla y con un “A mí no me amenace” salió del lugar buscando al personal de
seguridad para amedrentarme. Salí del lugar asegurándole sobre resolución de
denunciarlos en las instancias competentes.
En la Profeco, el
delegado regional, Gilberto Ojeda Camacho indicó que la medida por parte de la
Chevrolet es violatoria. Indicó que dicha empresa no puede negar la información
a sus clientes y mucho menos, condicionarlos a un cobro por ella.
El funcionario
federal tuvo el acercamiento vía telefónica con el gerente general de
Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA), Francisco Cazares
Guridi, quien inmediatamente atendió el tema e indicó que trataría la solución
la sucursal ubicada en Juan Pablo II, lugar donde se encuentra ubicada la
sucursal de Agencia de la Chevrolet. Tres horas después, dicha agencia de
automóviles se puso en contacto para advertir que sería atendida de manera
gratuita, por lo que tenía que llevar la unidad para la programación y la
entrega del código.
Más tarde el
gerente general de la AMDA, Cazarez Guridi se comunicó nuevamente para
asegurarse que la sucursal haya atendido el problema con presteza. Pero
aprovechó para notificarme que la solución del problema era una “atención” se
me estaba ofreciendo –por ser reportera- pero que realmente dicha información,
la planta de la ciudad de México la retenía. Es su política alentó también el
gerente general, además reforzó que dicha clave para configurar el reproductor
de música, tenía un costo para el propietario. Es decir, amparaba en su
totalidad el abusivo uso del cobro que la empresa Chevrolet le exige
violatoriamente a los propietarios de los automóviles que tienen el desacierto
de comprar.
Amable lector,
exigí que dicha supuestamente codificación fuera instalada en mi presencia. En
verdad que el timo de esa empresa no tiene precedentes. El dichoso código no
existía, sólo con oprimir el número 1 el estéreo funcionó adecuadamente. En
resumen, las agencias en todo el estado de Veracruz, cometen fraude sin
precedentes a sus clientes. Sin ningún tipo de ética, se conduce
arbitrariamente y roba literalmente sin ningún tipo de moralidad de forma
abusiva.
El hurto es a nivel
nacional y al menos aquí en la conurbación Veracruz-Boca del Río se encuentra
amparado por la propia Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices. Con
dicha actitud se demuestra que estos se cobijan unos a otros con todo cinismo
que les caracteriza. Un acto artero y abusivo cobijado con el manto de la
impunidad.
Conclusión. La
supuesta codificación del estéreo como cualquier otra información relacionada
con el buen funcionamiento de su unidad, debe de ser proporcionada por parte de
cualquier Agencia de Automóviles de manera gratuita. El no hacerlo incurre en
una violación al cliente.
Artero y falto de
ética puede considerarse la acción. Cómo ciudadano debe de buscar la manera evidenciar
públicamente a quien violente y pretenda imponerle montos no justificados. La
Procuraduría Federal del Consumidor está obligada a sancionarla y sobre todo,
clausurar las instalaciones para que éstas se vean obligadas a dejar de actuar
en detrimento de la economía de sus clientes.
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