27 de enero de 2015

PRONUNCIAMIENTO POLÍTICO. A 4 MESES DE AQUEL FATÍDICO 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN QUE SE EJECUTARON MÚLTIPLES CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN CONTRA DE LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA‏

Se han cumplido 4 meses ya de aquel fatídico 26 y 27 de septiembre en que se ejecutaron múltiples crímenes de lesa humanidad en contra de los normalistas de Ayotzinapa; 4 meses de larga espera de que el Estado presente con vida a los 43 normalistas detenidos desaparecidos; 4 meses en exigencia de justicia para los 3 estudiantes ejecutados extrajudicialmente; 4 meses de angustia y dolor de familiares, amigos y compañeros porque el Estado cercenó 43 familias, salón de clase, dormitorio…; 4 meses de omisión e insensibilidad de funcionarios del Estado mexicano y de amenazas veladas de represión hacia los sectores de pueblo movilizados por la demanda de presentación con vida.
Son 4 meses en que la tesis del Estado de que fue la delincuencia organizada el autor material e intelectual de estos deleznables hechos, ha caído y no ha soportado la prueba del tiempo ni de voces honestas que ponen al servicio de las causas justas los conocimientos científicos. A pesar de esto, el Estado mexicano en voz de su procurador Jesús Murillo Karam se empecina en sostener que los 43 compañeros normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Murillo Karam no sólo miente con la absurda tesis de la incineración de los normalistas, sino que además demuestra su insensibilidad ante el dolor de los familiares. Refleja su indolencia ante una exigencia popular que es legítima. Sostener absurdamente una investigación que carece de sustento científico y que tampoco cuenta con el aval del conocimiento empírico común, significa re-victimizar a las víctimas, es decir, se les ha arrancado su personalidad física, ahora se quiere borrar de la memoria colectiva con el llamado a “superar el dolor”.
Buscar en los cuarteles militares no es un capricho, es una necesidad popular que estos sean abiertos para tratar de cerrar la herida que se refleja en las víctimas de la desaparición forzada de la guerra sucia, sin embargo, no solo los cuarteles deben ser abiertos, se hace necesario que también se investigue en propiedades de los caciques y empresarios, ya que históricamente se ha demostrado que en propiedades de la oligarquía local o nacional se construyen mazmorras donde flagelan perenemente a la parte más combativa del pueblo.
No es una contradicción buscar en espacios de las fuerzas castrenses, como intentaron sostener algunos analistas, argumentando que son las principales interesadas en dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Es una necesidad política toda vez que las pruebas apuntan a que es desde estas instancias policiaco-militares donde se planea y se ejecutan los más aberrantes crímenes contra el pueblo.
Que el Estado mexicano se vea forzado a aceptar tampoco es una concesión, es mediante la presión popular y ante la imposibilidad de sostener sus argumentos oficiales con pruebas contundentes. Hoy se ha logrado mediante la presión política y mediante los resquicios que deja el estado de derecho oligárquico, corresponde al pueblo forzar que esta situación se concrete y que se sepa la verdad histórica sobre los detenidos desaparecidos de ayer y hoy.
En este sentido son igual de responsables los gobiernos estatales, municipales y federal, porque la desaparición forzada de personas se viene practicando de manera sistemática y recurrente en nuestro país, y ha contado con la comisión y omisión de funcionarios de toda laya y de todos los partidos políticos.
En el estado de Guerrero por ejemplo, no significó ningún cambio en la vida política del estado, tener una alternancia de partidos en el ejecutivo estatal, desde este escaño se abaló e impulsó la política federal del PRI gobierno, lo que costó miles de víctimas del pueblo en el periodo de la guerra sucia, como en el contexto actual desde las administraciones panistas hasta el gobierno antipopular de Enrique Peña Nieto.
Para el pueblo ha quedado claro, el ejecutivo federal ha sido compartido por los principales partidos de derecha y ultraderecha, es decir el PRI y el PAN, entre estos dos se han encargado de ensangrentar a las masas trabajadoras, de llenar el territorio mexicano de fosas clandestinas y cercenar millones de familias. Estos dos partidos representan lo más recalcitrante de la oligarquía mexicana y en cada acción destilan el odio de clase que sienten por las masas de trabajadores explotados y desposeídos.
Exigir entonces el castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los normalistas, debe pasar por los responsables de la miseria y el pauperismo social. Debe tocar al extitular del ejecutivo estatal de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien ya tiene un historial de crímenes contra el pueblo, concretamente en la masacre de Aguas Blancas cuando fue secretario de gobierno, que se haya separado de cargo no significa eximir su responsabilidad en estos hechos.
A 4 meses la consigna sigue siendo ¡presentación con vida! De los detenidos desaparecidos de ayer y hoy; la necesidad política es ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! A los familiares de los 43 normalistas, necesario es reiterar nuestra solidaridad y nuestro llamado a mantener firme la exigencia de presentación con vida, y juicio y castigo a los responsables de estos crímenes de Estado.
En este contexto de terrorismo y violencia de Estado, ante esta coyuntura desfavorable para el pueblo trabajador, se hace necesario conformar una coordinación nacional de víctimas contra el terrorismo de Estado, por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos de ayer y hoy, mediante ésta, nos proponemos romper el miedo y el silencio de las víctimas que permanecen en el anonimato, dar voz de denuncia a asociaciones y familiares que por temor no se atreven a denunciar y por último, poner nombre y apellido a cada una de las miles de víctimas del terrorismo de Estado.
El terrorismo y violencia del Estado es uno, la respuesta también debe ser unitaria, arribemos a formas superiores de organización que nos permita hacer frente a esta escalada represiva.
Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH)

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