24 de marzo de 2015

LA MILITARIZACIÓN Y PARAMILITARIZACIÓN COMO ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE SE CONTINÚA INCREMENTANDO A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS

El terrorismo de Estado en nuestro país sigue su curso ascendente en el cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo. Desde el ejecutivo federal se ha echado a andar la maquinaria represiva como respuesta al descontento popular generalizado, que surge ante el avance de las políticas neoliberales. Así lo demuestra la represión ejercida contra el movimiento magisterial democrático de guerrero el pasado 24 de febrero, política de gobierno que se generaliza contra todo esfuerzo organizativo que se mueva fuera del corporativismo estatal.
La militarización y paramilitarización como estrategia contrainsurgente se continúa incrementando a lo largo y ancho del país, dejando una estela de terror y muerte a su paso, perfeccionando sus métodos para tratar de infligir el mayor daño posible al pueblo y sus organizaciones. Con ello se eleva la cifra de los crímenes de lesa humanidad, cometidos directamente por el ejército, la marina, policía federal, amparados en la impunidad que les brinda el Estado burgués, aun cuando a nivel nacional e internacional existen pruebas fehacientes de que son prácticas sistemáticas y recurrentes del gobierno federal.
La coyuntura que se abrió con Ayotzinapa ha sido empleada por el Estado para administrar el descontento que se erige en torno a este tema, pero a la vez, lo utiliza para cercenar la larga lista de terror de miles de víctimas de la desaparición forzada. Para algunas voces y opiniones conviene que el tema solo se centre en 43 detenidos desaparecidas, condenando al olvido los miles de casos de este crimen deleznable que puede rebasar las más de 300 mil víctimas.
Una tarea fundamental para el movimiento popular es no permitir que los detenidos desaparecidos y en general todas las víctimas del terrorismo de Estado queden en el anonimato. La necesidad de abrir los cuarteles militares es imprescindible, ya que históricamente es en estos centros donde se mantiene en ilegal detención a las víctimas de la desaparición forzada.
Nosotros en el FNLS enarbolamos esta demanda para exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy, entre ellos el caso más emblemático es el de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, a quienes por una resolución judicial se da el fallo en su favor, ordenando a las autoridades federales su búsqueda en los principales cuarteles militares del país. Sin embargo las autoridades federales pese a que existe un fallo judicial concretamente la Procuraduría General de la República PGR se niega a aceptar esta resolución, violando y contradiciendo su propio marco jurídico.
Ante esta situación es una necesidad impulsar la gira nacional, Desaparición Forzada en México: Caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad, que inició el 16 y 17 de febrero en la ciudad de Oaxaca, pasando por Chiapas, y próximamente en Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Jalisco y Distrito Federal; para dar a conocer la resolución judicial, además de que sirva como un antecedente jurídico a todas las victimas del terrorismo de Estado.
Versión completa en Consigna Socialista No 26
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