Hoy 25 de mayo se
cumplen 8 años de la detención desaparición forzada de los luchadores sociales
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, reivindicados por el
Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario
(PDPR-EPR); crimen de lesa humanidad ocurrido en la ciudad de Oaxaca por elementos
del ejército federal, la marina, la AFI, hoy Policía Federal Ministerial y
policías estatales de Oaxaca.
Tiempo en el que han
confluido diversos actores políticos de la más variada índole, desde
personalidades progresistas, intelectuales congruentes con las necesidades del
pueblo, organismos no gubernamentales, de derechos humanos y organizaciones
populares por la demanda de presentación con vida de los dos luchadores
sociales. Confirmándose en los hechos que los detenidos desaparecidos son
del pueblo y es éste en su conjunto quien debe exigir su presentación con vida.
A Gabriel Alberto Cruz
Sánchez y Edmundo Reyes Amaya el Estado mexicano los detiene y desaparece por
su consecuencia política en la lucha de clases, los castiga con la desaparición
forzada por su condición de revolucionarios y su militancia en el PDPR-EPR. Con
este crimen de lesa humanidad el Estado mexicano ratifica su carácter represivo
y contrainsurgente al intentar acabar con la disidencia y pretender que el
pueblo no ejerza su legítimo derecho a organizarse y luchar por sus demandas
inmediatas e históricas.
Los luchadores sociales
Gabriel y Edmundo determinaron conscientemente asumir una forma de lucha,
sin embargo de ninguna manera y desde ninguna perspectiva se puede justificar
tan aberrante práctica en contra de ellos.
Hecho histórico sin
precedentes en el país es el que se conquista a partir de la conjunción
de las acciones políticas de masas emprendidas por el pueblo y la actuación de
los abogados, para lograr la resolución jurídica 33/2014 y 29/2014, emitida por
el Noveno Tribunal Colegiado en materia penal. Importante es entender el
significado que tiene esta resolución para el caso de estos dos luchadores
sociales y su impacto político-jurídico para los miles de detenidos
desaparecidos por motivos políticos y sociales.
Sin embargo resulta
imprescindible exigir al Estado mexicano el cumplimiento cabal de
este mandato judicial, que no está sujeto a voluntad personal o de grupo, tal
como lo ha pretendido hacer la PGR, que hasta este momento no renunciado a su
táctica de desgaste en contra de aquellos que hemos exigido a lo largo de estos
años la presentación con vida de Gabriel Albero Cruz Sánchez y Edmundo Reyes
Amaya; negándose a acatar dicha resolución judicial en su totalidad,
recurriendo al uso de argucias legaloides.
Respuesta mañosa de las
autoridades competentes a la resolución emitida por el noveno Tribunal nos
muestra una vez más, que vivimos bajo un Estado oligárquico, nos enfrentamos a
leyes que están sujetas a la voluntad e intereses de la oligarquía nacional y
trasnacional.
El gobierno de Enrique
Peña Nieto al igual que sus antecesores sólo muestran un interés convenenciero
y coyuntural por promulgar una ley contra la desaparición forzada a
partir de la presión a nivel nacional e internacional y por la magnitud del
crimen; su finalidad está en atenuarlo y mediatizar la demanda que por décadas
ha sido reivindica por familiares, organizaciones populares y amplios sectores
del pueblo.
La perversidad
gubernamental se oculta tras su demagógico afán de promulgar una ley a modo
contra las desapariciones, sin agregar el concepto esencial de forzadas,
con el soez objetivo de atribuir a particulares la culpabilidad y diluir un
crimen en delito del fuero común.
Ante la violencia
institucionalizada que se manifiesta en prácticas como la desaparición forzada
y el terrorismo de Estado se hace necesario arribar a la articulación de
familiares de víctimas, organizaciones populares y organismos defensores de
derechos humanos, que haga frente a esta política represiva del Estado mexicano
en contra del movimiento popular.
Sigue siendo una tarea
ineludible exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos
y denunciar la pretensión del Estado de permanecer impune, así como su intento
por eliminar toda evidencia material de la existencia de más de 110 mil
detenidos desaparecidos.
Timocepanotoke Noche Altepeme
Macehualme, Unión De Todos Los Pueblos Pobres, Unión De Ejidatarios Y
Comuneros Del Valle De Tuxpango, Frente Popular De Lucha Del Valle De Orizaba Y
Altas Montañas, Centros De Derechos Humanos “Voces De Las Altas Montañas”, Frente
Popular Revolucionario Córdoba – Orizaba, Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo
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