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El día de hoy, el Frente Nacional por la
Familia realizará la marcha que fue convocada semanas antes en defensa de la
familia tradicional y el supuesto atentado que significa la aprobación del
matrimonio igualitario con rango constitucional, lo cierto, es que a pesar de
tener ideas retrógradas, los manifestantes tienen el derecho a la libertad de
expresión, entonces, ¿realizan o no discriminación con dichos actos? ¿Debe el
Consejo para prevenir y erradicar la discriminación de la CDMX tomar cartas en
el asunto?
Para
resolver dichas dudas, TMposmodernos obtuvo acceso exclusivo a una entrevista
con Jacqueline L´Hoist Tapia, presidenta del COPRED CDMX, quien explicó el
fracaso al que está condenado dicho frente y sus movimientos contra derechos
humanos, pues estos derechos no están sometidos a consideración de las
mayorías; son derechos inalienables con rango constitucional, en donde la
discriminación y el trato diferenciado no tienen espacio alguno.
La
presidenta del COPRED CDMX reconoció que en la Ciudad tanto las leyes como las
políticas públicas no hacen distinción alguna, por el contrario, ha sido
declarada “Ciudad Amigable LGBTTTI”, caracterizada por ser una ciudad
progresista y de libertades, en donde incluso la población LGBTTTI no ocupa el
primer lugar en actos de discriminación como en otros estados de la república.
En
cuanto a su papel en dicho conflicto, dejó muy claro que la institución que
preside emite un pronunciamiento cuando observa que entes en la CDMX realizan
actos con la intencionalidad de restringir derechos a nivel constitucional,
motivo por el cual emitió una recomendación al Frente Nacional por la Familia y
a la Arquidiócesis de México, con tres intenciones: para dejar clara la postura
de la institución; instruir a la ciudadanía y para denunciar a quienes
mal informan a la población con documentos que faltan a la verdad y carecen de
sustento científico .
Mencionó
que no se trata de una lucha por quién da más derechos ni por quién llego
primero, ello debido a que las asociaciones pro familia presentaron al Senado
desde al año pasado una propuesta para aprobar una reforma que reconociera al
matrimonio exclusivamente entre hombres y mujeres, sin embargo, ante la
propuesta del presidente, se vieron rebasados, por lo que decidieron optar por
la vía política para manifestar su descontento.
¿Son acciones de discriminación las marchas convocadas por el
Frente Nacional de la Familia?
En una
sociedad democrática existe pluralidad, por lo que en el pleno ejercicio de sus
derechos se pueden manifestar contra el matrimonio igualitario; el problema es
que el argumento para negar los derechos no están sostenidos en evidencia
científica, lo que confunde a la comunidad, pues la información compartida en
el semanarios “desde la fe” carece de veracidad.
Las acciones del Frente son una conducta discriminatoria y no un
hecho discriminatorio.
Jaqueline
L´Hoist Tapia explicó que las acciones del Frente Nacional por la Familia
son conductas discriminatorias y no un hecho, ya que el segundo ocurre cuando
dichas conductas provocan la restricción o limitación de un derecho; en este
caso, sus acciones aún no restringen derechos ni lo van a hacer, ya que el
matrimonio civil es de competencia exclusiva del Estado, incluso, recordó que
hace pocos días se conmemoraron 156 años de las leyes de reforma, en donde se
separan las funciones de la iglesia y el Estado; y es claro, que el matrimonio
que está sobre la mesa es el matrimonio civil; incluso la Suprema Corte de
Justicia ha emitido jurisprudencia y actos de inconstitucionalidad contra
toda ley civil que mencione que el matrimonio es exclusivo entre hombres y
mujeres.
Señaló
que lo preocupante es la manipulación de información tanto de las causas como
de las consecuencias del fenómeno en cuestión, ya que todas las posibles
consecuencias que menciona el Frente Nacional por la Familia no han ocurrido en
países en donde el matrimonio igualitario ha sido reconocido como derecho ni
tampoco han ocurrido en la Ciudad de México, en donde dicho derecho fue
reconocido desde hace 6 años.
En
cuanto a la adopción, señaló que no debe existir un trato diferenciado entre
los matrimonios que lo solicitan, al estar reconocido el matrimonio igualitario
tienen derecho a la adopción, por lo que el proceso para obtenerlo debe ser
igual al de cualquier matrimonio, además, no todas las parejas que optan por el
matrimonio desean adoptar; en la Ciudad de México por ejemplo, de 7000 mil
matrimonios igualitarios registrados, sólo 9 han solicitado adopción.
Por
último, la funcionaria señaló que a la iglesia le compete el matrimonio
religioso, y hasta el momento no se está atentando contra éste, se mostró
preocupada debido a que esta lucha que encabeza del Frente Nacional por la
Familia es un callejón sin salida condenado al fracaso, por lo que tiene
esperanza que pronto los líderes del movimiento se den cuenta de ello.
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