¡¡¡CÍNICOS PALEROS!
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La actuación de los magistrados obedece al parecer a las órdenes
del poder ejecutivo federal para perdonar las múltiples irregularidades del
Partido Verde que se ha conducido violentando la ley electoral bajo la protección
de los órganos electorales de este país. Es evidente que el sistema electoral
sirve a intereses facciosos de los que detentan el poder político y económico de
este país…El Partido Verde transgredió la ley y lo seguirá haciendo, porque cuenta
con el respaldo de los magistrados del tribunal y de los órganos electorales.
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Más de un año se retrasaron los magistrados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el análisis del expediente del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para que finalmente declararan
“infundada” la exigencia de retirarle el registro pese a las múltiples
violaciones cometidas en los comicios de 2014-2015.
Fueron los seis integrantes de la sala
superior, quienes concluyeron que las 18 infracciones cometidas por dicha
fuerza política “se sancionaron a tiempo y de manera ejemplar, con multas que
totalizan 423 millones de pesos, dado que varias se rebajaron, pues
originalmente sumaban más de 500 millones de pesos”.
La denuncia, llegó al TEPJF, luego que 163 mil
ciudadanos, así como políticos de partidos Acción Nacional (PAN), de la
Revolución Democrática (PRD) y Morena, impugnaron la resolución del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE), del 12 de agosto, que exculpó
al Verde.
En una ponencia, el magistrado Salvador Nava
Gomar planteó que “en lugar de una nueva sanción, el INE deberá integrar un
registro sistematizado de las faltas cometidas por el PVEM, para prevenir que
en 2018 repita conductas por las que fue sancionado”.
Coincidieron en que no es válido sancionar con
la “pena de muerte” a un partido después de que ha sido multado en varias
ocasiones, como planteó Manuel González Oropeza.
El magistrado Salvador Nava Gomar argumentó
que dicho partido nunca recurrió a la violencia ni alteró el orden público.
“Tal parece que lo que los ciudadanos no han hecho en las urnas, quieren que lo
haga la autoridad administrativa y el Tribunal Electoral”, se quejó la
magistrada María del Carmen Alanís.
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