14 de enero de 2017

GASOLINAZO: DEL PACTO AL PARTO SOCIAL

Por: Leopoldo Maldonado (@snaiperG)

La lucha contra el incremento a la gasolina revela el hartazgo ante un gobierno que funciona para protegerse a sí mismo y no a la ciudadanía.

Una vez más, nuestro país está convulsionado por la incapacidad e insensibilidad política del gobierno federal. De forma inusitada, recibimos el 2017 con protestas en diversas regiones del país, incluyendo aquellas donde este ejercicio cívico no es común. La razón: el aumento de 20 % en el precio de las gasolinas. Dos cuestiones están en juego, y valdría la pena delinearlas.

Lo primero tiene que ver con el hartazgo social acumulado. En el plano político sería simplista reducir el actual encono social a una decisión antipopular. Sí, es diferente cuando el agravio se percibe personal, en concreto, cuando afecta la economía individual y familiar.

Sin embargo la lucha contra el gazolinazo se imbrica en una “cadena de equivalencias” que desvela una crisis institucional más profunda, que trasciende a la figura presidencial y la percepción (mala) sobre ella. En efecto, la ciudadanía está harta de un gobierno que aumenta la brecha entre sí mismo y la sociedad. Pero también ha llegado a un límite debido a organismos electorales que no protegen el voto; comisiones públicas de derechos humanos que no defienden derechos humanos; poderes legislativos que no operan en favor de los problemas sociales más apremiantes (hablando de leyes y designaciones de altos funcionarios); poderes judiciales que no garantizan justicia; procuradurías de justicia que solamente garantizan impunidad. Una burocracia enorme pero ineficiente, sentada sobre un orden legal laberíntico.

A ello habría que sumar la corrupción cínica de gobernadores, alcaldes, y demás funcionarios de diversos niveles. En resumen, un gobierno que funciona para protegerse a sí mismo, en lógica mafiosa, y no a la ciudadanía, su razón primordial de ser.
Otro nivel de análisis tiene que ver con el discurso. Éste, concebido como campo de disputa y no únicamente como arma política, ha sido un elemento fundamental en las movilizaciones contra el gasolinazo. Desde el aparato del Estado –presumiblemente– se ha incentivado una estrategia de comunicación que el periodista Jacinto Rodríguez ha llamado “estrategia de rumor”. Ello ha derivado en el paralizante pánico social, ante los saqueos perfectamente coordinados y organizados.


Dicha estrategia añeja, prevista en los manuales de la Secretaría de Gobernación durante la década de los 70, encuentra una genial plataforma multiplicadora en la redes sociales y la falta de rigor periodístico de muchas casas de medios. En el colmo del absurdo, aquellos medios que buscan informar con precisión, como Animal Político, se convierten en foco de sesudos análisis “criminológicos” de la Comisión Nacional de Seguridad.
Por su parte, entre el texto y el subtexto del discurso gubernamental, encontramos abierta confrontación (“quitaremos licencias a transportistas que realicen bloqueos”), regaño (“les tendríamos que reducir el gasto social”), y hasta el traslado de responsabilidades institucionales a la propia sociedad (“¿Ustedes qué harían?”).

Un gobierno que se empecina en marcar una frontera mediante un “ustedes y nosotros”, que echa mano del más anquilosada pero no menos eficiente fórmula que equipara la protesta con violencia. Un gobierno que -por otro lado- hace mutis frente al asesinato de dos manifestantes a manos de policía federal en Ixmiquilpan, las detenciones arbitrarias, los abusos en el uso de la fuerza, las agresiones a periodistas que ya suman 22 en este contexto.

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