TOMADO DE Carolus Delgadillo
Durante más de 20 años, el
gobierno mexicano aplicó un subsidio a los precios de la gasolina, como si
fuera un programa de ayuda a los consumidores.
Era bastante dinero. Entre 2006 y 2012, el subsidio representó
alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. Sólo en 2012, el costo de mantener
los precios bajos fue de 220 mil millones de pesos, el 1.4% del PIB.
Ahora bien, lo que se ha destacado es que esa "ayuda",
que era de muchos miles de millones de pesos, beneficiaba más a los de arriba
que a los de abajo. Así, por ejemplo, con datos del 2013, el 20% más rico se
veía beneficiado con el 60% del subsidio. El 20% más pobre sólo recibía lo
equivalente al 3%.
La ayuda por subsidio era hasta 9 veces mayor para el 10% más
rico que para el 10% más pobre. Lo que se llegó a proponer es que, en todo
caso, se dejara de subsidiar la gasolina y que el dinero que se empleaba para
eso se utilizara, si acaso, en programas de combate a la pobreza.
Más allá de eso, con problemas en las finanzas públicas por la
caída en los precios internacionales del crudo y por la aplicación de un modelo
liberalizador, en la reformas fiscal y energética se planteó la eliminación de
los subsidios. La meta es que en 2018 termine por liberarse el precio de los
combustibles, es decir, que sea el mercado el que los determine.
Algo que se ha señalado, con razón, es que el bajo precio del
petróleo debería verse reflejado en menores precios de las gasolinas. El
problema es que esos bajos precios del petróleo se aparejaron con el término
del subsidio por lo que el precio de la gasolina no tuvo impacto hacia abajo:
lo que pudo ganarse con la caída de los precios del crudo se "perdió"
con el término de la ayuda.
Además, debe tomarse en cuenta que la gasolina está tasada con
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), que en conjunto representan alrededor del 40% del precio
final. Si antes la gasolina era una merma para las finanzas públicas (con
beneficios más para los más ricos que para los más pobres), ahora es una fuente
de ingresos para el fisco.
Muchos de los que se quejan hoy por el aumento de las gasolinas
no pertenecen a las clases populares. Se trata de los consumidores mayores de
combustibles, que suelen ser lo más ricos. Por supuesto que los aumentos
perjudican también a los más pobres, que siempre son los de condición más
frágil.
Subsidiar la gasolina fue una ayuda del gobierno que a final de
cuentas terminaba en beneficio directo para la punta de la pirámide. Era una
política fiscal injusta, pues destinaba miles de millones de pesos cada año a
solventar en parte el consumo energético de sectores desahogados con recursos
públicos. Era lo contrario de una redistribución de la riqueza en beneficio de
los más pobres.
Terminado el subsidio y elevándose el precio de la gasolina los
que pagarán ahora más serán los que más consumen, es decir, esos mismos
sectores desahogados. La otra cara es que, en efecto, puede presentarse una
escalada de precios o inflación, con perjuicios para todos, en especial para
los sectores depauperados.
Son dilemas de la economía del sector público. Quizá si esos
recursos extra que ahora se ahorra el gobierno por haber dejado de subsidiar la
gasolina y también por concepto de los impuestos en su consumo se destinasen a
programas sociales de combate a la pobreza, entonces sí tanto el final del
subsidio como la liberalización podrían ser vistos con menos recelo por los
sectores populares.
El punto es que oponerse al aumento de precios es una causa
interserctorial, no es, para nada, algo privativo de los sectores depauperados.
Podemos ver empresarios, industriales y terratenientes quejándose junto con
personas de clase media, políticos oportunistas y gente de a pie. Aquí se
requiere hacer distinciones o los sectores populares podrían estar luchando por
medidas del pasado que beneficiaban más a los amos que a los siervos.
Fuentes:
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