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En el
segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, un despliegue inusual de
policías, funcionarios y aparato comunicacional convirtió en objeto de escarnio
el albergue “La Gran Familia”, en Zamora, Michoacán, y a su fundadora, una
anciana conocida como Mamá Rosa, en la imagen de la villanía, acusada de
secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.
Ese
despliegue, inusual por lo menos, se inscribía en el contexto de la agenda
nacional que culminaba el proceso de reformas estructurales, y en lo local, en
Michoacán, de poblaciones cansadas de la violencia, que aparentemente
decidieron o fueron inducidas a tomar en sus manos la seguridad pública, como
en lo asistencial lo hacía la propia Mamá Rosa. La mujer no fue procesada, como
no lo fue la mayor parte de su equipo de colaboradores. Luego, todo acabó.
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