La refinería de Pemex en Cadereyta, Nuevo León. Foto: Víctor Hugo Valdivia
En 10 capítulos, la reportera Ana Lilia Pérez disecciona a la
emblemática empresa petrolera mexicana, la que hundieron los últimos cinco
presidentes, y expone sus resultados en el libro Pemex RIP. Vida y asesinato de
la principal empresa mexicana, puesto en circulación por el sello Grijalbo.
Proceso ofrece fragmentos del capítulo 9, en el que la autora expone cómo las
autoridades convinieron en que era más fácil mudar a Pemex hacia un paraíso
fiscal que privatizarla. Hoy, expone Pérez, hay 37 sociedades offshore con
membrete de Pemex, entre tenedoras de acciones, inversoras, comercializadoras o
prestadoras de servicios… sin servicios por prestar.
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- Entre parasoles, tumbonas, veleros y yates de lujo, a las
islas del Caribe que alguna vez fueron colonias europeas llegan millonarios de
toda estirpe, de cualquier punto del mundo, para abrir cuentas bancarias y
hacer inmensos depósitos cuyos orígenes nadie cuestiona, a nadie interesa. No
importa si se trata de expresidentes prófugos, gobernadores, alcaldes,
legisladores o funcionarios públicos que saquearon las arcas de su país,
dictadores que amasaron riquezas con sangre, narcos que por cada dólar
envenenaron niños y los engancharon a las drogas, magnates que esclavizan
obreros, traficantes de armas, mercancías o carne humana, estafadores o
truhanes. Su dinero es lo que vale.
En esas
islas, abrir una cuenta o desaparecerla, constituir una empresa o extinguirla,
crearle filiales o subsidiarias, convertirla en tenedora de acciones, ligarla a
fondos de inversión de cualquier tipo o estructurar todo un holding son trucos
similares a los de un mago que aparece y desaparece palomas y conejos. Durante
un viaje relámpago, asesores bancarios, gestores, analistas y brokers abren o
cierran empresas. Les queda tiempo suficiente para disfrutar del veleo, tomar
cocteles mientras se asolean, relajarse en la playa y hacer shopping.
Particulares
de todo el orbe esconden sus fortunas en esos paraísos fiscales. También ahí se
radican consorcios y corporativos que buscan ocultar dinero, ya sea por su
origen ilegal, para evadir impuestos en sus países o con el fin de recibir
recursos, transferirlos, “pasearlos” y volver a tenerlos sin que nadie haga
preguntas.
A
finales de los años ochenta, a esos archipiélagos (o a tierras continentales
donde se puede hacer lo mismo) comenzó a llegar dinero de Pemex mediante
empresas abiertas en el extranjero: compañías que sólo existían en el papel y,
muy importante, dadas de alta como “privadas”, aun cuando el dinero que
manejaban era el patrimonio “de todos los mexicanos”.
Primero
se abrió una en los Países Bajos, luego en las Antillas Neerlandesas; después
en Bahamas, Islas Caimán, Aruba, Irlanda, Suiza, España, Inglaterra,
Luxemburgo, Estados Unidos, Panamá y Singapur, entre otros. Durante los
siguientes 25 años se fue agrandando un organigrama de empresas particulares
con membrete de Pemex. A través de éstas no sólo se han transferido millones y
millones del erario, también se han usado para concretar negocios que, de
haberse hecho en territorio patrio, habrían sido polémicos o ilegales, por
comprometer los haberes de la petrolera al favorecer la privatización o el
remate de su infraestructura.
En
resumen: parte del saqueo, desmantelamiento y desnacionalización de Pemex se
operó desde paraísos fiscales.
A
finales de los años ochenta, la economía mexicana y las finanzas de Pemex
oscilaban entre el alza internacional de los precios del crudo (en parte como
efecto de la “guerra de los petroleros” protagonizada entre Irán e Irak) y su
desplome, que precedió al histórico crack de las bolsas de valores del 19 de
octubre de 1987. Aquél fue un lunes negro: el peor en la historia reciente de
los mercados financieros. El desplome se inició en la bolsa de valores de Hong
Kong, cuando el índice Hang Seng se derruyó. El desastre, como letal virus, se
propagó a los mercados bursátiles del Pacífico y luego a Europa, hasta llegar a
Estados Unidos. El Dow Jones cayó 508 puntos (22.6% de su valor) y echó por
tierra, en sólo unas horas, ganancias acumuladas durante cinco años; todo Wall
Street se cimbró con los tableros en rojo parpadeante y la esquizofrenia de los
corredores, que trataban, frenéticos, de vender en bloque sus acciones al grito
de sálvese quien pueda.
El
colapso golpeó directamente al mercado petrolero, porque además de que las
compañías del sector cotizaban en bolsa, Estados Unidos estaba en pie de guerra
contra Irán: la tensión entre los dos países crecía, con ofensivas mutuas en el
golfo Pérsico y advertencias de Ronald Reagan a su homólogo iraní a través de
la embajada suiza en Teherán –que se encargaba de los intereses
estadunidenses–: le exigía que cesaran “las agresiones” contra objetivos
estadunidenses.
(…)
El lunes negro marcó un antes y un después en el mundo bursátil: Wall Street,
por ejemplo, decidió que interrumpiría sus operaciones cuando el Dow Jones
cayera más de 350 puntos.
En esos años Pemex era el cuarto exportador de crudo a escala mundial. Poco
después sería cuando la política interna, guiada por la tendencia a las
privatizaciones, reestructuró la paraestatal en un holding de subsidiarias…
Cada una tenía su propia estructura administrativa, recursos económicos,
materiales y humanos, pero todas estaban regidas por una cúpula que lideraba el
director general de la compañía y un selecto grupo de ejecutivos.
Ésa
fue la reestructuración de Pemex en el país, pero en el extranjero comenzó a
ensamblar un armazón paralelo que violaba el artículo 27 constitucional:
empresas privadas, que operan bajo el membrete de Petróleos Mexicanos, fueron
fundadas en países considerados como paraísos fiscales –especialmente atractivos
en tiempos de incertidumbre financiera–. Esas firmas estaban destinadas a
captar millones del dinero petrolero en operaciones hormiga.
Los
paraísos fiscales ofrecen un sistema financiero que no indaga el origen de los
depósitos, evita la doble tributación y privilegia el secreto bancario, mucho
más sólido e inquebrantable que el de confesión. Ni siquiera se abre ante
solicitudes de las naciones de donde viene el dinero. El objetivo del esquema
paralelo era sacar recursos de Pemex sin rendir cuentas a ninguna institución
mexicana.
En
esa época de neoliberalismo en que los Chicago Boys –fieles a las enseñanzas de
Milton Friedman y Arnold Harberger– alcanzaron puestos de gobierno, “mudar”
Petróleos Mexicanos a un paraíso fiscal era mucho mejor que privatizarla: tan
simple como transferir dinero a compañías “de Pemex” pero foráneas, financiadas
con el erario pero privadas, alimentadas con el patrimonio de los mexicanos
pero con cuentas bancarias en el Caribe. Ahí, los dólares se movían a
carretadas sin que nadie exigiera saber su destino.
Desde
entonces y hasta hoy, en los “territorios laxos” operan docenas de compañías de
la Pemex “privada”: carecen de personal, oficinas propias e infraestructura. En
su mayoría sólo existen en el papel, pero igual triangulan millones y millones
de dólares que, en esencia y según la lógica eufemística oficial, deberían ser
“de todos los mexicanos”. Su esquema es el mismo de las involucradas en el
escándalo mundial conocido como los Panama Papers.
El
monto del dinero público enviado al extranjero mediante dicha estructura creció
gradualmente. Para tener una idea: sólo un consorcio –PMI Comercio
Internacional– privatizó al menos 156 mil millones de pesos en tres décadas.
En
los años previos a que se aprobara la reforma energética, esas firmas fantasma
manejaban más de 1 millón 200 mil millones de pesos anualmente (auditoría 12118T41020007,
realizada por la ASF al llamado Grupo PMI, divulgada en febrero de 2014). A
partir de la entrada en vigor de la reforma, las cantidades han sido mucho
mayores, pues la tendencia en Pemex fue generalizar las grandes operaciones
financieras en este modelo de negocios, en que la petrolera pone dinero y se
asocia con compañías privadas. Son estas últimas las que invariablemente tienen
el control de esas sociedades.
Desde
que se creó la primera empresa privada de Pemex en paraísos fiscales y hasta
inicios de 2017, habían sido abiertas 77 compañías y sociedades, 37 de las
cuales son offshore, lo que significa que carecen de oficinas y empleados y se
rigen por leyes extranjeras para operaciones financieras y movimientos de
capital. Algunas son tenedoras de acciones; otras, inversoras o
comercializadoras, y algunas más prestadoras de servicios… sin servicios por
prestar. A su vez, las tenedoras de acciones son dueñas de algunas de las
firmas offshore también con membrete de Pemex.
A través de éstas se han regenteado asimismo los ingresos por las ventas de
crudo en los mercados internacionales, y las utilidades de una sociedad
empresarial que desde febrero de 1993 se hizo con parte de la petrolera Shell
Oil Company para operar una refinería en Deer Park, Texas, llamada Deer Park
Refining Limited Partnership. Esta planta, a su vez, le vende a Pemex –es
decir, a su propio socio– gasolinas a precios internacionales que, al sur del
Bravo, se pagan con tarifas de las más altas del mundo.
Facilitar privatizaciones
Todavía
en el gobierno de Felipe Calderón, en 2011, cuando aún no se aprobaban las
reformas al artículo 27 constitucional, con dinero de Pemex se crearon nuevas
firmas privadas en el extranjero, que prepararon la repartición de negocios de
la paraestatal. En ese entonces el director de Petróleos Mexicanos era Juan
José Suárez Coppel.
En
España, el 1 de diciembre de ese año PMI Holdings, BV, creó la empresa PMI
Field Management Resources, SL. El día 7 se creó la empresa Campos Maduros
Sanma, SRL de CV, para “asociarse” con el “licitante ganador” de los contratos
de servicios integrales para la explotación de Campos Maduros, en la Región Sur
de Pemex, con una participación económica de 10%.
Durante
aquel sexenio, la existencia y operación de empresas de Pemex en paraísos
fiscales dejó de ser un secreto, pues la ASF difundió su existencia y asentó
que eran ilegales. “Pemex no se beneficia directa o indirectamente de las
utilidades generadas en las empresas del Grupo PMI, éstas se quedan acumuladas
como inversión en esas empresas”, detectó la ASF en la auditoría a la cuenta
pública 2007. Ese año, por ejemplo, Kot Insurance Company, ya radicada en
Suiza, registró pérdidas por 190 millones de pesos.
En
aquella auditoría, la ASF dijo que algunos de esos consorcios operaban con una
“tesorería centralizada” en los Países Bajos, como PMI Holdings, BV, que da
“servicios financieros” a PMI Norteamérica, la socia de Shell en la refinería
Deer Park.
Pese
a las advertencias de la ASF, ya en el sexenio de Peña Nieto y durante los años
en que Emilio Lozoya dirigió Pemex, se creó una treintena de compañías
privadas, algunas en sociedad con otras firmas particulares. Sirvieron para
privatizar trabajos y áreas que en otros tiempos eran considerados propios del
Estado. Esto, en la práctica, profundizó la desmembración de la paraestatal.
Aun así, o quizá por ello, desde la dirección de Pemex se impulsó la creación
de más y más. El 29 de abril de 2013 fue constituida en Madrid PPQ Cadena
Productiva, SL, cuyo objeto social se estableció como “la gestión y
administración de valores representativos de los fondos propios de entidades
residentes y no residentes en territorio español, así como la adquisición,
suscripción, tenencia, disfrute, administración y enajenación de acciones en el
activo de otras sociedades”. Constituida por Pemex Corporativo y Pemex
Petroquímica, comenzó a recibir recursos que serían destinados a una tercera sociedad:
Petroquímica Mexicana de Vinilo, SA de CV, constituida a su vez por Mexichem y
Pemex, por conducto de PPQ, para “coinvertir” en parte del complejo
petroquímico Pajaritos.
(…)
De manera que la creación de esa empresa en España tenía otro fin: privatizar
instalaciones de Petroquímica.
Algunos
meses después (el 30 de julio de 2013), en las oficinas de Pemex en México se
desincorporó dicho complejo petroquímico del régimen del dominio público. Y se
transfirió a privados. Se estableció la cesión de 476 mil 386 metros cuadrados
(de un total de 990 mil 528), que correspondían a la planta Clorados III,
propiedad del complejo, a favor de la alianza Pemex PetroquímicaMexichem,
sociedad en la que la privada Mexichem es socia mayoritaria.
Petroquímica
Mexicana de Vinilo, SA de CV, fue constituida el 13 de septiembre de 2013 como
coinversión entre PPQ, actualmente llamada Pemex Etileno, y Mexichem, a través
de su subsidiaria Mexichem Derivados, SA de CV, para la producción de cloro y
sosa cáustica, entre otros productos. Se estableció que el domicilio sería el
complejo industrial de Pajaritos, Coatzacoalcos, y que el control operativo y
financiero de la empresa lo tuviera Mexichem. De esta sociedad se derivó la
subsidiaria Mexichem Cogeneración Uno, SA de CV. El 12 de noviembre de 2013 fue
creada PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, en sociedad por las
filiales privadas PMI Norteamérica, SA de CV (99.9% de acciones), y PMI
Holdings, BV (0.1%). Después, la recién creada empresa, en sociedad con Pminasa
generaron el 18 de diciembre de 2013 otra firma a la que llamaron ProAgroindustria,
SA de CV.
(…)
El 24 de junio de 2013, en Estados Unidos, ya había sido constituida MGI
Enterprises US, LLC, como parte del holding Mex Gas –Mex Gas International,
Ltd., MGI Supply, MGI Trading y MGI Enterprises–, pero al año siguiente se
cambió su domicilio fiscal a Madrid, España, con un capital de 2 millones 781
mil 201 euros.
Como
se ha dicho, a partir del sexenio de Enrique Peña Nieto se privilegió a España
como destino de las empresas de papel de Pemex. En este contexto llama la
atención que también hayan sido españoles los grandes corporativos que
recibieron los mayores contratos de obra pública y servicios en el gobierno del
mexiquense.
Poco
a poco, todo el holding Mex Gas se fue transfiriendo de las Islas Caimán a
Madrid, y allí mismo se crearon también nuevas empresas privadas con membrete
de Pemex.
Acerca
del dinero de Petróleos Mexicanos que el holding Mex Gas ha manejado en el
extranjero (incluidas cuentas en paraísos fiscales), la ASF ha dicho: “Los
recursos, al ser administrados por las empresas del Grupo Mex Gas, son
considerados como no públicos, por lo que no están sujetos a la legislación
mexicana que regula, entre otras, la programación, formulación de presupuestos,
control, financiamiento, evaluación, aprobación, planeación, ejercicio,
mantenimiento, arrendamiento, responsabilidades, transparencia y rendición de
cuentas de los ingresos y egresos públicos federales”.
Adiós a los auditores
El
19 de diciembre de 2014, durante una junta del Consejo de Administración de
Pemex, se acordó modificar el estatus de PMI Comercio Internacional, SA de CV.
Dejaría de ser “empresa de participación estatal mayoritaria” para convertirse
en “empresa filial” de Pemex. A simple vista no parece algo trascendente, pero
la modificación fue para garantizar la secrecía en su manejo, varias veces
criticado por la ASF en sus informes.
El
cambio implicó la extinción del Órgano Interno de Control (OIC) y librarse
también de las molestas auditorías internas, las revisiones de la Auditoría
Superior de la Federación y del deber de rendir cuentas a través de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos a
partir del 1 de enero de 2015: la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo
61, dice que “las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán
la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del lugar
de su constitución o creación”.
Este
adelanto se publicó el 12 de noviembre de 2017 en la edición 2141 de la revista
Proceso.
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