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INVESTIGACIÓN
REVELA CÓMO TEJIÓ EL PRI UNA RED NACIONAL DE DESVÍOS MILLONARIOS A CAMPAÑAS
ESTATALES
Un exdirectivo del
partido del presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una
investigación sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas
de su partido en las elecciones mexicanas del año pasado, anunciaron este
miércoles los funcionarios estatales.
El exdirectivo, Alejandro Gutiérrez,
es uno de los aliados del presidente mexicano que están bajo sospecha de
participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su
partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo
con exfuncionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos
revisados por The New York Times.
El arresto de Gutiérrez, un veterano
político que en ese momento era el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación cada
vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior
gobernador del estado de Chihuahua. El gobernador era un amigo cercano del
presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a
Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción.
El caso en su contra ha afectado a
media docena de exfuncionarios del estado; algunos ya están cooperando con las
autoridades.
Pero la investigación se está
extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el
testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros
revisados por The New York Times.
Gutiérrez está siendo investigado en
relación a lo que los exfuncionarios definen como un plan nacional para
canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los
candidatos del PRI en las elecciones para gobernador de 2016.
El dinero se envió a estados con
gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, esos funcionarios crearon una
serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente
devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio
y los registros consultados.
En ese momento, los principales
funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en
junio de 2016. Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación
de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el
PRI temía perder el control.
Los documentos revisados por The New
York Times se centran en gran medida en el esquema de malversación en
Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal fueron
transferidos en enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en
el sector educativo.
Luego, el dinero se desvió a cuatro
compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor
fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según
los contratos gubernamentales revisados por este diario.
Esas compañías, supuestamente
contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos,
recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y
los registros bancarios que muestran que el dinero se había recibido.
Pero las empresas no proporcionaron
esos servicios, según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de
educación del estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se
devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, según los
antiguos funcionarios del estado vinculados al plan.
Uno de esos funcionarios llamado
Ricardo Yáñez, el exsecretario de Educación de Chihuahua, describió la trama en
un documento de sentencia. Yáñez está cumpliendo una sentencia de prisión de
cuatro años.
Sin embargo, no todo el dinero se
destinó a fines políticos.
Alrededor de 230 mil dólares se
depositaron directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el
exsecretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los
testigos.
La red de pagos sugiere un vínculo
entre el esquema de malversación y los líderes nacionales del partido.
Los contratos y los registros
bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las
mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora
y Durango. Los registros bancarios también muestran cientos de miles de dólares
en depósitos a algunas de las compañías por parte del estado de Colima. Y en su
testimonio, los exfuncionarios relacionados con este esquema dijeron que
también se realizó en los estados de Veracruz y Tamaulipas.
Los funcionarios de Veracruz no
respondieron a las repetidas solicitudes de declaraciones. Y el actual
gobernador de Tamaulipas, un político de la oposición que ganó su cargo durante
las elecciones de 2016, dijo que una investigación de sus funcionarios no
encontró ningún contrato con las cuatro principales compañías falsas.
Aún no está claro quién más pudo
haber participado en el plan. En el documento de sentencia, Yáñez, el ministro
de Educación estatal que ya fue declarado culpable, es citado diciendo que
tanto Gutiérrez como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que
el dinero había sido enviado por el gobierno federal para financiar las
campañas electorales del partido. Afirmó que le dijeron que el mismo plan se
había realizado en varios estados.
Duarte huyó a Estados Unidos donde
está evadiendo los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las
acusaciones de que robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el
estado.
La hija de Duarte es ciudadana
estadunidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New
York Times, el exgobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente.
Se cree que Duarte vive en Texas y
Nuevo México. Los intentos por contactarlo por teléfono y a través de visitas a
diez propiedades que presuntamente son suyas en El Paso y sus alrededores
fueron infructuosos.
El jefe del partido de Peña Nieto en
el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es
aliado desde hace mucho tiempo del presidente y su familia.
Beltrones también es mencionado en el
documento de sentencia. Yáñez dijo que el exgobernador le dijo que Beltrones
había ideado el plan. Los intentos por contactar a Beltrones el miércoles no
tuvieron éxito.
En el documento, Yáñez dijo que se
reunió con Gutiérrez, el exdiputado del PRI, y otros funcionarios en la sede
del partido en Ciudad de México. En ese momento, el PRI ya había perdido las
elecciones y la mentalidad de los participantes cambió a disminuir los daños.
Los casos de la campaña son parte de
una amplia investigación en curso en Chihuahua, donde el nuevo gobernador,
Javier Corral, le ha encargado a su fiscal general que investigue la
corrupción.
El margen de maniobra que Corral ha
otorgado a los fiscales es raro en México, donde las investigaciones muy pocas
veces se inician y, si se permiten, raramente llegan más allá de los de los
funcionarios de bajo nivel.
A lo largo de los meses, los fiscales
han trabajado lentamente en una lista de exfuncionarios que sirvieron en el
gobierno del anterior gobernador, Duarte, y los presionaron para que
cooperaran.
En enero de 2016, el estado de
Chihuahua enfrentaba problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la
nómina. Jaime Herrera, el exsecretario de Finanzas del estado durante la
gestión de Duarte, necesitaba casi 16 millones de dólares para aliviar la
tensión financiera.
Dos días después, en un contrato de
siete páginas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó el pedido. De
acuerdo con la oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud
tan grande fue una decisión asombrosamente rápida.
Pero el motivo de la transferencia,
de acuerdo con los antiguos funcionarios estatales, era un engaño. Según ellos,
Gutiérrez, el exdirectivo del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua
para que le pidieran el dinero a los funcionarios federales, según el
testimonio.
La operación, explicaron los
funcionarios del estado, era una forma compleja y probada de malversar fondos.
A los funcionarios se les dieron los nombres de cuatro compañías que
supuestamente le proporcionarían servicios educativos al estado: se trataba de
las empresas falsas desde las cuales los miembros del partido podían desviar el
dinero.
Una compañía recibió alrededor de 5.2
millones de dólares por vender el software estatal de recursos humanos. A otras
tres empresas se les pagaron millones por servicios de capacitación y
educación, según los contratos revisados por The New York Times.
De acuerdo con especialistas en
contrataciones, los montos pagados por el estado eran astronómicamente altos
por los servicios que brindaban.
Los pagos se movieron rápidamente. A
fines de febrero, los contratos habían sido redactados y firmados por los
funcionarios del estado, y en abril los cheques fueron enviados a cada una de
las compañías.
De los aproximadamente 15.8 millones
de dólares enviados al estado por el gobierno federal, el partido sólo solicitó
que se le devolvieran 14.4 millones de dólares, según el testimonio de los
funcionarios estatales. El resto, dijeron, se podría gastar como quisieran los
funcionarios del estado.
De cada una de las compañías, el
dinero fue transferido a docenas de otras compañías, varias de las cuales
también aparecen en la lista negra de empresas falsas de las autoridades
tributarias nacionales, según los documentos.
A partir de ahí, el dinero
desapareció. La única pista sobre a dónde fueron a parar esos recursos se
encuentra en el testimonio de los dos exfuncionarios del estado, a quienes los
miembros del partido les dijeron que el dinero se gastó en el financiamiento de
la campaña.
*Esta
es una investigación conjunta entre Proceso y The New York Times
FUENTE: AGENCIA
PROCESO
